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Fiscalía de Bolivia emite orden de captura contra la expresidenta
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El Gobierno de Bolivia, a través de su Fiscalía, emitió una orden de arresto contra la expresidenta interina Jeanine Áñez.
Según la BBC, la orden fue difundida por medios estatales bolivianos y confirmada por una de las exautoridades procesadas en el momento de su detención.
Áñez denunció el viernes que buscan detenerla por la crisis política y social del año que en 2019 precipitó la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
“La persecución política ha comenzado. El Movimiento al Socialismo (el partido del gobierno) ha decidido volver al estilo de la dictaduras. Hay una denuncia con que la pretenden perseguirme”, publicó la exmandataria en su cuenta de Twitter.
Su exministro de Justicia, Álvaro Coimbra, denunció por la misma red social la detención de un viceministro y dijo que también hay una orden para detenerlo a él, a Áñez y a otros ministros por el estallido social que dejó 36 muertos en noviembre de 2019 tras unas elecciones denunciada como fraudulentas.
El canal estatal informó poco después que Coimbra fue detenido y trasladado a La Paz. Áñez publicó una orden de detención supuestamente ordenada por la Fiscalía en contra de varios de sus ministros, que no la menciona.
Como expresidenta tiene derecho a un juicio de responsabilidades. La Fiscalía no emitió declaraciones.
Áñez era senadora de oposición y asumió tras la renuncia de Morales y su salida precipitada a México.
El jueves en la tarde, la Fiscalía de Bolivia ordenó el arresto del excomandante de las Fuerzas Armadas y del exjefe de la Policía por haber solicitado la renuncia de Morales durante la crisis política.
El general William Kaliman junto a su Estado Mayor y el entonces comandante de la policía, Yuri Calderón, sugirieron públicamente la renuncia de Morales cuando el país estaba sumido en un estallido social que dejó 36 muertos tras las fallidas elecciones.
El caso avivó nuevamente la polémica entre el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), cuyos líderes son el presidente Luis Arce y Morales, que alegan que fue un golpe de Estado digitado por la derecha mientras los opositores sostienen que se trató de una rebelión popular ante un supuesto fraude electoral.
En una postura inédita, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, que enfrentó a las dictaduras militares en los 70 y 80, apoyó a los jefes militares y policiales porque “salieron en defensa del pueblo”.
Tanto Kaliman como Calderón habían sugerido la renuncia de Morales para pacificar al país, sumido en violentos enfrentamientos callejeros entre partidarios y opositores del exmandatario.
El primero no había sido detenido hasta el viernes y el segundo no fue hallado en su domicilio para asumir su defensa en un juicio por sedición y conspiración en el que también están investigados la expresidenta Áñez.
Otro de los investigados es el exdirigente cívico Luis Fernando Camacho, líder de las protestas opositoras y virtual gobernador electo de Santa Cruz en los comicios regionales del pasado domingo y cuyo cómputo oficial aún no ha concluido. Camacho no tiene orden de detención y debió declarar el jueves, pero la audiencia fue suspendida por la presencia masiva de sus seguidores en las puertas del juzgado.
Jefes militares y policiales y líderes políticos opositores también son investigados por dos masacres de seguidores de Morales perpetradas por las fuerzas de seguridad.
El viernes el exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Flavio Arce San Martín, procesado por la misma causa, comparecía ante un juez que podría ordenar su arresto.
Para el diputado opositor Edwin Bazán “el MAS montó un operativo judicial para implantar una mentira de que hubo un golpe de Estado cuando lo que hubo fue un fraude”.
Los opositores acusaron al gobierno de manipular a la justicia.
El presidente de los diputados, el oficialista Freddy Mamani, negó que haya “persecución política” como denuncian los opositores. “La justicia tiene que hacer su trabajo”, declaró a la prensa.
A su vez el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, declaró a la prensa el viernes que los anteriores mandos militares “limpiaron” la información sobre la actuación de las fuerzas del orden en contra de manifestantes partidarios de Morales.
Desde Washington, la organización Human Rights Watch criticó al gobierno de Arce y al Poder Legislativo boliviano, dominado por el MAS, por “abrir las puertas a la impunidad por delitos graves” tras aprobar en febrero un decreto de amnistía para los partidarios de Morales que participaron en las protestas.
