El Estado de Veracruz ocupa el segundo lugar en cuanto a violencia política en razón de género, de acuerdo con los datos en poder del Instituto Nacional Electoral.
Conforme al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, Veracruz ocupa el segundo lugar con 38 personas sancionadas, sólo por debajo de Oaxaca con 96; de ahí siguen Tabasco con 30, Chiapas con 20 y Sonora con 14.
En el caso de Veracruz, entre las personas implicadas en las 38 sanciones por violencia política registradas en la entidad, desde 2020 hasta el 2 de mayo de 2023, se encuentran 11 presidentes municipales, dos alcaldesas, una regidora y un regidor.
De estos, cuatro son autoridades del partido político Morena, tres del partido Movimiento Ciudadano, tres del Partido Acción Nacional, dos del Partido Revolucionario Institucional, dos políticos postulados por el partido Nueva Alianza y uno del Partido de la Revolución Democrática.
El Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPCMRG) detalla que las autoridades municipales estuvieron involucradas en casos de violencia sexual, violencia psicológica, violencia económica, agresión verbal y simbólica contra mujeres que desempeñan cargos públicos o participan en actividades políticas.
Entre las autoridades municipales sancionadas que actualmente se encuentran en funciones están Miguel Ángel Uribe Toral, alcalde de Cazones de Herrera, postulado por Movimiento Ciudadano y Fernando Luis Remes Garza, presidente municipal de Poza Rica, del partido Morena.
También Jaime López Montalvo, alcalde de Tlilapan, del partido MC; María Esther López Callejas, alcaldesa de Actopan, del partido Morena; y Virginia Roldán Ramírez, regidora de Morena en el Ayuntamiento de Veracruz.
Excepto por Miguel Ángel Uribe Toral, presidente municipal de Cazones de Herrera, quien estará inscrito en el Registro Nacional hasta el próximo 6 de noviembre de 2023, las autoridades municipales mencionadas permanecerán sancionados hasta 2024 y 2025, periodo durante el cual no podrán postularse a cargos de elección popular.
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