Ante la dilación en el proceso que se sigue en contra de dos personas que incurrieron en varios delitos como fraude, robo, daños, simulación de un acto jurídico y falsificación de documentos, integrantes del Sindicato de Cerritos urgieron a la Fiscalía a emitir el fallo correspondiente en este caso.
Miguel Hermenegildo Cortés, asesor jurídico del gremio, recordó que han pasado tres años ya desde que se denunció a Ángel Marciano “N” y Alejandro Marcelino “N” por esa situación luego del despojo que hicieran a la comunidad del campo deportivo Cerritos y aunque se determinó primero que no había delitos que perseguir, se hizo una apelación y les fue favorable, pero el proceso se ha retrasado.
“La comunidad deportiva está mal informada, no está enterada de la realidad del despojo del campo, y junto con los vecinos del barrio de Cerritos se han acercado a preguntar muchas veces qué ha pasado y por eso queremos que sepan que ya estamos a la vuelta de la esquina para la resolución en este asunto”, indicó otro de los sindicalizados.
Mencionaron que todo el proceso estuvo amañado y así lo han podido demostrar con toda la documentación que tienen, incluso notariada, en donde se ha expuesto que esas dos personas hicieron una simulación de asamblea para darse poderes que no tenían.
Señalaron que lamentablemente vieron que hubo un notario que se prestó para certificar ese documento apócrifo, contrario al que tienen ellos en donde el notario estuvo presente al momento de la asamblea e iba certificando todo.
Explicaron que la denuncia es también por daños y perjuicios, por no les dieron información, por que no se les cubrió lo que se debía a los trabajadores y ahora se rumora que también vendieron el terreno donde se encuentra asentada la escuela primaria Manuel M Herrera y un jardín de niños, cuando en su momento esas fueron donaciones que hizo el sindicato.
Consideraron que el atropello no es sólo hacia ellos, sino hacia los ciudadanos al pretender arrebatarles esas escuelas.
Hermenegildo Cortés comentó que se solicitó el apoyo del diputado Genaro Ibáñez Martínez, presidente de la comisión de justicia del Congreso, para que vea cuál es la situación y no se siga afectando a los ciudadanos de Orizaba.
Cabe mencionar que el abogado mencionó que ha recibido amenazas veladas contra su integridad por llevar ese caso.
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