Recortes dejan a 16 mil jubilados sin servicio médico de calidad

Jubilados, pensionados y derechohabientes del Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (Fopesiban) acusaron que los recortes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a los fideicomisos prácticamente dejaron sin servicio médico de calidad a 16 mil personas, pese a que la mayoría se trata de adultos mayores, de los cuales cientos viven en Veracruz

Los extrabajadores del desaparecido Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), extinto durante el Gobierno de Vicente Fox, acusan que se orquestó un fraude millonario en las licitaciones 2021 del servicio médico del Fopesiban.

En entrevista, el exsecretario general de Banco de Crédito Rural del Golfo y de la Federación de Bancarios de Veracruz, Álvaro Sánchez, aseguró que esta situación afecta a 16 mil personas de Veracruz y de todo el país.

“Se está suprimiendo el otorgamiento de servicio médico hospitalario y medicamentos que data desde que existía el banco”.

Explicó que, aunque este banco fue extinto en el sexenio de Vicente Fox existe jurisprudencia que garantiza por 50 años todas las prestaciones que en su momento dado fueron asentadas en las condiciones generales de trabajo.

Añadió que ante las irregularidades a partir de la semana pasada comenzaron a realizar tomas de edificios en otros Estado, peleando los Derechos del fideicomiso irrevocable que se formó con más de 12 mil millones de pesos para pagar las contingencias laborales y los servicios médicos.

A la par, mediante un desplegado, señalaron como responsables de esta situación y otras irregularidades al apoderado de Nacional Financiera ante el Fopesiban, Ignacio Pérez Colin y el Coordinador Nacional del Servicio Médico, Luis Guillermo Becerril Berrones.

Los jubilados y pensionados del Fopesiban denunciaron que las empresas contratadas para el servicio médico -COMMUNITY DOCTOR, S. A. DE C. V., y CHALLENGE CONSULTING, S.C., - fueron constituidas al margen de la Ley y desfalcaron alrededor de mil 150 millones de pesos, además de no cuentan con la estructura ni los medios para el otorgamiento de un servicio médico integral, pero comenzaron a dar el servicio desde 2020.

Como fideicomisarios, pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador una investigación a fondo con una auditoría integral, la destitución de los funcionarios señalados y la nulidad de la licitación pública referida.

Los afectados son jubilados del Banco Nacional de Crédito Rural; del Noroeste; Noroeste; Norte; Centro; Centro Norte; Centro Sur; Pacifico Norte; Pacifico Sur, Golfo; Istmo; Peninsular y de Occidente.

Sánchez reconoció que el Gobierno Federal busca generar economías en todas las dependencias e incluso en fideicomisos, sin embargo, en el caso del FOPESIBAN son adultos mayores protegidos ante la Ley.

Mencionó que existen manifestaciones en Puebla, Yucatán y Aguascalientes y en Veracruz se proyectan acciones si los jubilados tienen que seguir pagando la cuota de entrada y fianza en los hospitales estatales mientras el Gobierno Federal les autoriza el servicio médico.

Agregó que en Veracruz y Oaxaca hay alrededor de 600 jubilados y pensionados, quienes no están recibiendo la atención médica.

Cabe señalar que las empresas señaladas por dar un mal servicio accedieron al contrato por Adjudicación Directa respecto a la Licitación Pública No. LA-006HIU002-E2-2021, aunque no cuentan con la infraestructura para brindar el servicio

Por el caso, dijo Sánchez, se presentó una demanda de amparo que, si bien fue desechada inicialmente, ya fue sido impugnada y el juicio continúa.

Mediante el desplegado acusaron que el doctor Luis Guillermo Becerril ha presentado oficios, como el FPSB/CSM/050/2021, que resultó ser falso, razón por la cual debería declararse nula la licitación referida y proceder a la cancelación de los contratos suscritos con dichas Integradoras tanto por la falsedad de los documentos que les dieron a conocer, pero principalmente porque a 12 días de haberse comprometido a otorgar el servicio médico estrictamente necesario no lo han podido proporcionar.

“Lo cual constituye un verdadero atraco y un crimen de parte de ellos y principalmente de ellos que tienen la obligación de velar por nuestra vida y seguridad en vez de favorecer a quienes nos están privando de lo esencial para preservar nuestra salud y vida”.

Por ello, exigieron que conforme a la facultad que les confiere el derecho a la sobrevivencia que otorga la Ley reglamentaria se inicie de inmediato la atención médica que se requiere en las localidades de Durango, Coahuila, Zacatecas y Veracruz.