PT exige cuentas a Isabel Romero; debe detallar si hay presos por ultrajes

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Inés Romero Cruz, debe informar la situación jurídica de las personas que fueron encarceladas por el delito de ultrajes a la autoridad.

Esto lo afirmó el diputado del Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, quien dijo que dicha información se debe proporcionar con el objetivo de conocer si no se variaron los tipos penales con el fin de mantener presas a las personas ligadas a ese delito.

El legislador petista presentó un anteproyecto de punto de acuerdo que fue respaldado por la totalidad de la bancada panista y otros legisladores de oposición, principalmente y algunos del partido MORENA.

Díaz Ávila señaló que el pasado 28 de febrero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad del artículo 331 del Código Penal de Veracruz, relativo al delito de ultrajes a la autoridad, al violar el principio de taxatividad.

“Considerando que en las cárceles de Veracruz se encuentran recluidos ciudadanos y ciudadanas que en su momento fueron imputados por el delito de ultrajes a la autoridad de parte de la Fiscalía del Estado y los jueces, otorgaron la prisión preventiva por el delito hoy derogado, lo que ha derivado de una falta de motivación jurídica por parte de los jueces y los fiscales toda vez que la Suprema analizó este tipo penal a profundidad concluyendo que debía derogarse”, sostuvo.

Agregó que la prisión preventiva es una medida excepcional pero que en la entidad los jueces la aplican “como regla”, lo que se traduce, indicó, en una violación al artículo 16 constitucional respecto al debido proceso.

“Lo que nos lleva a pensar que las autoridades judiciales están actuando en forma tendenciosa y facciosa”, acusó.

En el anteproyecto dijo que considerando la fecha en la que fue derogado el delito, se torna necesario que la sociedad veracruzana conozca la situación jurídica actual de los centenares de ciudadanos procesadas por el mismo.

“Sería además de irresponsable, falta de ética pensar que los jueces hayan variado el tipo penal con el propósito de mantener en prisión a las personas que en su momento fueron procesadas y recluidas por este delito que ya no existe en Veracruz.

“Si los jueces de control dependientes del Poder Judicial de Veracruz siguen sin acatar la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, caen en desacato de un mandamiento del máximo tribunal del país, omisión que los lleva a una responsabilidad penal”, acotó.

El legislador dijo que su anteproyecto va respaldado de decenas de familias de los presos, reiterando que no acatar la derogación, es una responsabilidad penal.