Poder Judicial del Estado exhibe sentencias inexistentes y desmienten cifras del gobernador

El Poder Judicial del Estado corrigió cifras del gobernador Cuitláhuac García Jiménez quien el pasado 8 de marzo afirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha hecho justicia a las mujeres “con sentencias ejemplares” contra feminicidas, pues en los registros judiciales no hay una sola sentencia de 142 años de prisión emitida por algún juez de Veracruz como lo afirmó el Ejecutivo.

Una solicitud de acceso a la información pública revela que la sentencia más alta que la Fiscalía ha obtenido y el Poder Judicial ha concedido contra feminicidas, es de 70 años, mientras que hay una que apenas rebasa el año de prisión.

Apenas el 8 de marzo de este año, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el mandatario aseguró que “hay justicia” en Veracruz y destacó la supuesta condena de 142 años y 2 meses de prisión contra una persona identificada como Marcos Cortés.

Dijo también que otro sujeto identificado como Sergio Manuel Francisco fue sentenciado a 102 años y 7 meses de prisión; además, que Antonio Valenzuela, Dionicio López, José Bernabé, José Palma, Andrea, Jaime Romero, Juan Hernández y William Flores recibieron condenas de 70 años.

Además, el gobernador insistió que había “sentencias similares” por otros 53 feminicidios y 14 por intento de feminicidio; así como que 554 agresores de mujeres en distintas modalidades también fueron sentenciados “a partir de la llegada de la primera mujer fiscal y mujeres magistradas en la presidencia del Poder Judicial".

En los hechos, no hay más de una sentencia de 70 años de cárcel y las demás que se han obtenido, son menores a esa, de menos de 50 que se han impuesto.

CASTIGO A FEMINICIDAS 

En la información proporcionada, el Poder Judicial indicó que desde el 2017 a la fecha, se han impuesto 49 sentencias condenatorias contra feminicidas, y en cuatro casos más, se ha dictado la absolución.

En el mismo periodo, Veracruz ha registrado 535 feminicidios de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), lo que significa una tasa de impunidad del 91 por ciento en los casos de muertes violentas de mujeres.

Otro dato que llama la atención es que el mayor número de sentencias contra feminicidas se obtuvieron entre 2017 y 2019, años en los que la Fiscalía General del Estado estaba a cargo de Jorge Winckler, hoy sujeto igualmente a proceso penal, donde se lograron penas de hasta 60 años.

A detalle, en 2017 se obtuvieron 7 condenas. La más alta fue de 60 años de cárcel, mientras otra persona obtuvo 40 años, ambos casos en Xalapa. En el distrito judicial de Veracruz, una persona fue condenada a 47 años y 6 meses de prisión, mientras que en Orizaba se registró una condena de 26 años de cárcel.

En Jalacingo, ese mismo año, se impuso una condena de 43 años y otra más de 50 años, mientras que, en Cosamaloapan, una persona fue condenada a 40 años.

Para el 2018, se obtuvieron nuevamente 7 sentencias condenatorias en las cuales variaron las penas. Un primer caso se registró en Coatzacoalcos, donde se condenó a una persona a 40 años; igual sentencia de 40 años se impuso en el distrito judicial de Huayacocotla y una igual se impuso en Orizaba.

En Ozuluama también se impuso una pena de prisión de 50 años a otra persona responsable y en Poza Rica, se impusieron 34 años.

La sentencia más baja contra un feminicida tuvo lugar ese año, en Xalapa, donde solo se condenó al feminicida a un año y tres meses de prisión. Una sentencia más, también registrada en Xalapa, es por 27 años de cárcel.

Para el 2019, último año que Jorge Winckler estuvo en la Fiscalía, las sentencias condenatorias contra feminicidas fueron 15.

La primera tuvo lugar en Acayucan, con una pena de 40 años; otra más en Coatzacoalcos, aunque el Poder Judicial no indicó de cuántos años. Una tercera y cuarta se dieron en Córdoba, ambas con una condena de 50 años.

Una quinta condena en Córdoba fue por una pena privativa de libertad de 40 años y en Huatusco se dictaron 51 años de prisión.

En Jalacingo hay registro de dos sentencias ese año, una por 53 años y otra por 26 años y 8 meses de prisión. En tanto que en Orizaba se ordenó privar de la libertad a otra persona por 47 años y 6 meses y a una más por 40 años.

En Poza Rica, ese año se condenó a dos feminicidas ese año, el primero por 18 años y 19 días de prisión y a otro por 57 años, mientras que, en Tantoyuca, se dictó sentencia por 40 años.

Para el caso del distrito judicial de Veracruz, se emitieron dos sentencias en 2019, ambas por prisión durante 40 años. 

Con Verónica Hernández al frente de la FGE se obtuvo la sentencia más alta de 70 años de prisión, sin embargo, en general en tres años y medio, ha logrado menos sentencias que con su antecesor, además de lograr la segunda más baja de las fechas solicitadas.

Así, en 2020 en Coatzacoalcos se obtuvo de un juez la sentencia por 55 años de cárcel y otra por 40 años, mientras en Córdoba se obtuvo una por 47 años y en Orizaba, 40 años. Otra pena se obtuvo en Zongolica, por 45 años.

En Coatzacoalcos se logró en 2021 una pena de 42 años y una de 43 años en Huatusco, mismo caso que en Huayacocotla. Una más tuvo lugar en Orizaba con una pena de 40 años.

En Poza Rica se lograron 34 años y dos meses y una de 45 años y 6 meses en San Andrés Tuxtla, así como dos en Tantoyuca por 40 y 50 años de cárcel.

La sentencia más alta fue en el distrito judicial de Veracruz ese año, donde se condenó a una persona a 70 años de cárcel.

La última sentencia de ese año fue en Zongolica, con una pena privativa de libertad por 40 años de prisión.

Durante 2022, en Jalacingo se obtuvo una sentencia de 55 años de prisión, y una más en Xalapa, sin mayores datos informados. La tercera fue en Zongolica, por 40 años.

Este año, únicamente hay una sentencia, pero es la segunda más baja pues únicamente se logró conseguir que la condena fuera de 2 años y 10 meses de prisión.

El Poder Judicial informó a su vez, que ha dejado en libertad a cuatro personas por este delito, al no haberse acreditado su responsabilidad plena.

Se trata de casos ocurridos en San Andrés Tuxtla en el 2017, así como dos más en Córdoba y Ozuluama en 2018 y uno más en Poza Rica.