Orfis oculta información, para que no lo acusen de ocioso

El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), decidió clasificar como información reservada por 3 años, la investigación por la compra irregular de torres de videovigilancia, por parte del ayuntamiento de Córdoba, en la administración de la ex alcaldesa panista Leticia López Landero.

Con ello, busca evitar que lo acusen de ocioso o de mantenerse inactivo en la investigación respecto al presunto daño patrimonial señalado en la cuenta pública 2019, y que hasta la fecha no ha sido aclarado, ni solventado, ni sancionado.

Si bien, el Orfis reconoció que en su momento identificó el presunto daño patrimonial identificado como FM-044/2019/008 DAÑ al ayuntamiento de Córdoba, aún no logra resolver por completo la investigación.

A través de una solicitud de información, un particular requirió conocer la etapa en la cual se encuentra dicho proceso contra la administración de la ex alcaldesa, a lo que el Orfis prefirió clasificar esa información como confidencial.

Los argumentos que dio, es que el Orfis puede ser víctima de notas tendenciosas, de que es ocioso o inactivo, aunado a ello, consideró que se le puede ocasionar un daño en la imagen pública a los ex funcionarios del ayuntamiento de Córdoba.

El pasado 12 de enero de presente año, el Comité de Transparencia del Órgano de Fiscalización Superior sesionó de manera extraordinaria, para el único objetivo de clasificar como información confidencial el proceso que sigue el presunto daño patrimonial del ayuntamiento de Córdoba por la compra de dichas torres.

Cabe precisar, que esa infraestructura que era usada por policías demostró ser endeble y no contar con la calidad requerida, cuando policías fueron víctimas de un ataque armado y las torres no pudieron soportar el impacto de las balas, falleciendo tres elementos.

Derivado de ello, el Orfis detectó las irregularidades en la compra de tales instalaciones, pero a 4 años de ser adquiridas no ha concluido el proceso, y prefirió ocultar los datos al menos durante 3 años más, para evitar crítica de los medios de comunicación hacia el ente fiscalizador.