El Órgano de Fiscalización Superior ha decidido calificar como información clasificada la investigación y probable sanción contra la propia auditora Delia González Cobos y el exdirector de Asuntos Jurídicos, Felipe Marín Carreón, señalados de haber participado en haber “limpiado” cuentas públicas de algunos ayuntamientos.
A través de una solicitud de información, se solicitó saber si el Órgano de Control Interno del Orfis, inició un procedimiento de responsabilidad administrativo en contra de la titular, del director de Asuntos Jurídicos o algunos otros funcionarios más involucrados en dicho tema.
Ante ello, la respuesta de la Unidad de Transparencia fue que decidió clasificarse como confidencial dicha información, por un periodo de 3 años.
La razón para ello, es que podría violarse lo que dispone la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 113, que establece que puede clasificarse si obstruye los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa.
De igual forma, para no afectar el debido proceso, el cual no ha sido concluido, es otra de las razones de mantener la secrecía de la información, con lo cual confirma que el Órgano de Control Interno si estaría investigando ya sea a la auditora general Delia González Cobos o algún otro funcionario o ex funcionario del Orfis.
Cabe precisar que en agosto de 2022, algunos legisladores locales e incluso algunos ex alcaldes refirieron que se habrían solicitado “moches” a cambio de limpiar cuentas públicos de los ex presidentes municipales.
En su momento, hubo un señalamiento directo al director Jurídico del Orfis, Felipe de Jesús Marín Carreón, quien fuera destituido del cargo un mes después de que medios de comunicación reportaran presuntas irregularidades con las cuentas públicas.
Ante esto, el Órgano Interno de Control, que es autónomo a las decisiones de la auditora general, inició un procedimiento de investigación, el cual ahora ha sido clasificado como información confidencial por 3 años, incluyendo los nombres de quiénes estarían involucrados.
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