Morena propone voto electrónico y reducir financiamientos a partidos

Los diputados del Grupo Legislativo de Morena en la LXV Legislatura presentaron una Iniciativa que proyecta redefinir el financiamiento público de los partidos y organizaciones políticas, recortando sus prerrogativas y permitiendo el financiamiento público; además abre la posibilidad de que se implemente el llamado voto electrónico.

“Para el ejercicio del voto y la implementación de las figuras de democracia directa se deberán desarrollar tecnologías de la información y comunicación, así como mecanismos y aplicaciones electrónicas de uso en casillas o en forma remota”, establece el decreto que reformaría la Constitución local.

Entre otros cambios, los diputados morenistas proyectan reforzarla la perspectiva de género en temas como la preferencia sexual, además de no excluir a jóvenes de la participación política, que los ciudadanos puedan votar y ser votados en condiciones de paridad y recortar el período de ediles municipales a 3 años, aunque podrán ser electos hasta por 2 períodos.

Ello implicaría reformular el calendario de elecciones locales mediante la actualización de los periodos edilicios, en correspondencia con la Federación.

Igualmente se busca una mayor inclusión a grupos indígenas en los procesos de elección de sus autoridades, reconociendo la composición o conformación intercultural y diversidad étnica de la entidad.

A la par, se fortalecerían y posibilitarían los procedimientos de democracia directa y participación ciudadana en acciones como la consulta popular, procesos que serían vigilados por el Organismo Público Local Electoral del Estado.

Sin embargo, se excluiría de la consulta popular la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos; la materia electoral, el sistema financiero y los ingresos y gastos, así como el presupuesto de egresos.

Entre otras acciones, se busca la creación de contralorías ciudadanas integradas por los vecinos de los municipios y procedimientos y formas de gobierno abierto que garanticen la participación social.

En cuanto al financiamiento público se establece que se fijará anualmente en los términos establecidos en la Ley General de Partidos Políticos y equivaldrá al 3 por ciento del monto total del financiamiento para actividades ordinarias de ese mismo año.

“El monto total será distribuido en forma igualitaria entre los partidos políticos”.

Sin embargo, durante campañas durante el año de la elección a la Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, equivaldrá al 50 por ciento del financiamiento público para actividades ordinarias de cada partido político.

Cuando sólo sean elecciones intermedias para diputaciones y ayuntamiento el financiamiento equivaldrá al 30 por ciento.

A los partidos que obtengan su registro con fecha posterior a la última elección o que habiendo conservado registro legal no cuenten con representación alguna en el Congreso, se les otorgará el 2 por ciento del total del financiamiento público.

En cuanto al OPLE se le asignará un Órgano Interno de Control que tendrá a su cargo autonomía técnica y de gestión, fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto.

En cuanto al financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, para los partidos políticos locales en los términos establecidos por la Ley General de Partidos Políticos y para los partidos políticos nacionales, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Estado, con corte de julio de cada año.

“Por el treinta y dos punto cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento del monto que resulte se distribuye de forma igualitaria y el setenta por ciento restantes se distribuirá de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de Diputados inmediata anterior”.

El proyecto argumenta que el método para calcular del financiamiento público que reciben los partidos políticos nacionales garantiza el acceso a ese derecho y, se daría en “estricto apego a las condiciones socioeconómicas del Estado y del país”.

Cabe señalar que, durante la sesión de este sábado, el diputado local de MORENA, Amado Cruz Malpica, también propuso que el padre o la madre de hijas e hijos nacidos en el estado de Veracruz serían reconocidos también como veracruzanos, de acuerdo con su propuesta.

El legislador recordó que el referido Artículo 11, en el Capítulo III titulado “De los veracruzanos, de los vecinos y de los ciudadanos”, reconoce como veracruzanos a los nacidos en el territorio del estado y a los hijos de padre o madre nativos del estado, nacidos en el territorio nacional o en el extranjero.

Justificó que según la fracción II del apartado A del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son mexicanos por nacimiento quienes “nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional”.

“Valdría mucho dar este reconocimiento a quienes decidieron hacer su vida en el estado, conformar una familia, cumplir con las obligaciones que todo ciudadano veracruzano tiene y, en la mayoría de las veces, contribuir al desarrollo económico, social, cultural y político de nuestro territorio. Sus hijos ya son veracruzanos y ellos podrían merecer la misma designación”, opinó.