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Magisterio de Veracruz denuncia a funcionarios de SEV por descuentos vía nómina
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De acuerdo con el abogado del movimiento Fuerza Magisterial, Miguel Matus Blanco, son al menos 300 docentes en el estado de Veracruz que han presentado tres denuncias penales y de tipo administrativo en contra de funcionarios de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) por los descuentos vía nómina que mediante convenio con las financieras realizan a trabajadores.
En conferencia de prensa, señaló que en algunos casos se ha incurrido en fraude o suplantación de identidad por lo que se presentaron denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción bajo la carpeta 818/2020.
Lo anterior, de acuerdo con el abogado, por los delitos de incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad, debido a que hay casos de descuentos sin que el recurso sea entregado a las financieras y una denuncia más por casos de usura en contra de las financieras.
Añadió que están denunciado también casos de fraude, usurpación de identidad o lo que resulte, "según lo que determine la Fiscalía porque tenemos casos en los que se aplican los descuentos a la nómina, pero la financiera nos dice que no le pagaron nada, entonces no sabemos a dónde está ese dinero”.
Respecto a la denuncia de tipo administrativo, remarcó que se interpuso ante el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) para exigir una auditoría financiera y de legalidad a la SEV sobre los descuentos.
“Los servidores públicos que tienen la responsabilidad de aplicar la nómina estatal y federal de la SEV están ejerciendo sus funciones de manera arbitraria y al margen de la ley, por eso deben ser sancionados con una inhabilitación o pago de multas. Buscamos una auditoría general contable para dirimir el daño, pero también una auditoría de legalidad para establecer que un contrato no puede normar por encima que dice la ley, en el caso del convenio que la SEV dice tener porque no puede menoscabar derechos como el derecho humano al salario”, abundó.
A esto se suma que interpusieron dos juicios de amparo, uno contra el Ofis y otro contra la Fiscalía para que investigue, así como una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que actualmente está en etapa de integración.
