Hasta 170 desalojos al año en Veracruz por problemas crediticios, alerta Barzón

Por año se realizan entre 120 y 170 desalojos en el estado de Veracruz, esto por problemas crediticios, expuso en entrevista la representante de Barzón Resistencia Civil en la entidad, Teresa Carbajal.

En el marco del 16 aniversario de Barzón Resistencia Civil, la representante legal en Veracruz, Teresa Carbajal, lamentó que durante este tiempo se ha visto cómo cada vez incrementan los problemas crediticios y financieros de muchas personas.

Se trata de problemas relacionados con abusos por parte de las instituciones financieras hacia los usuarios, como tasas de interés abusivas, así como fraudes. Esto a la par de excesivos endeudamientos que, de la mano con tasas abusivas de interés, han provocado severos problemas en muchos hogares, incluyendo el que sufran desalojo.

La situación se ha agravado aún más por la pandemia de COVID-19, esto por la pérdida de movilidad social-económica, que trajeron consigo la disminución de ingresos, la pérdida de empleos.

"Ha disminuido la solvencia, la capacidad de pago de los deudores, generando cobranza abusiva, generando también que las instituciones de crédito estén ofreciendo programas que realmente no son de ayuda y también, como hemos estado estado viendo, el aumento de tasas de interés".

Todo ello ha Sido más visible en el último bimestre del año,

"Hemos notado un alza en los remates judiciales de los que tenemos conocimiento, que no es la totalidad de la información. Lo que estamos viendo en Veracruz es bastante grave, comenzamos a notar ya un alto registro de desalojos, vamos a estar pendientes".

Teresa Carbajal acentuó que Barzón, en su 16 aniversario, refrenda su compromiso de "seguir con la ciudadanía pugnando por el rechazo a cobranza delegada, porque se integre la comisión para atender desalojos forzosos en la entidad, que nadie pueda ser desalojado por una deuda ni bancaria ni con un particular y, sobre todo, que se dé un verdadero fortalecimiento de las instituciones encargadas de la defensa tanto de los consumidores como de los usuarios de servicios financieros, porque ellos tienen el mandato constitucional d protegernos, y si esto no se da estamos hablando de una situación doblemente crítica, porque aparte de los abusos no hay una solución por parte de las instituciones".