Denuncian a gobierno de Veracruz por malversación de más de 770 mdp

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado una denuncia contra el gobierno de Veracruz por la presunta malversación de más de 770 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) durante el ejercicio fiscal 2016.

Esta denuncia se suma a otras 80 presentadas desde el año 2006 hasta la fecha, relacionadas con desvíos de recursos en la entidad veracruzana principalmente durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.

La denuncia de la ASF hace referencia a los recursos del FISE que fueron transferidos al gobierno de Veracruz con el objetivo de atender diversas necesidades de sectores marginados a través de obras y acciones de distintas dependencias, como la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca (SEDARPA), la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA) y los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER).

DISTINTAS IRREGULARIDADES

Sin embargo, la ASF descubrió que de los 773 millones 212 mil pesos transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE) al Gobierno de Veracruz, el dinero fue retirado y enviado a cuentas que no pertenecían a las secretarías mencionadas, y hasta el momento no se ha aclarado el destino de esos recursos.

Según la auditoría, antes de retirar los fondos, el Gobierno de Veracruz abrió una cuenta bancaria productiva para su administración, donde se generaron rendimientos financieros de 118 mil pesos, lo que incrementó ligeramente la cantidad total.

Posteriormente, durante el periodo comprendido entre el 29 de enero y el 1 de diciembre de 2016, el gobierno de Duarte transfirió 772 millones 300 mil pesos del fondo a otras cuentas bancarias donde se administraron recursos de otro tipo, dejando únicamente un millón 31 mil pesos disponibles para las dependencias mencionadas.

Por los intereses generados, que ascienden a 2 millones 816 mil pesos, el daño patrimonial aumentó en comparación con los recursos transferidos inicialmente.

"Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 775,116,949.81 pesos (setecientos setenta y cinco millones ciento dieciséis mil novecientos cuarenta y nueve pesos 81/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria del fondo, por transferir recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2016 a otras cuentas en las que se administraron otro tipo de recursos y, que a la fecha de corte de la auditoría, no han sido reintegrados a la cuenta del fondo junto con sus intereses", expone la auditoría.

El informe de la auditoría también señala las irregularidades detectadas en el manejo de los fondos, ya que al transferir el dinero a otras áreas sin cumplir con los objetivos del fondo, se dejaron de ejecutar obras y acciones prioritarias para la población marginada. Por ejemplo, a la SIOP se le debían asignar 105 millones de pesos, pero no se le entregó nada.

A la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca le correspondían 90 millones, pero tampoco se le depositó nada. Lo mismo sucedió con la Comisión del Agua, que debía recibir 35 millones, y con la SEDESOL, que debía ejercer el monto más alto de 363 millones 212 mil pesos, así como con el Instituto Veracruzano de la Vivienda y los Servicios de Salud de Veracruz, que tenían asignados 90 millones cada uno, pero no recibieron ningún recurso.

El informe de la auditoría reprocha que, debido a la transferencia indebida de los recursos, con la aprobación de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), no se cumplieron los objetivos del FISE y se dejaron de atender las necesidades de la población más desfavorecida del estado.

"Del total pagado con el fondo, no se destinaron recursos para la atención de los grupos de población en condiciones sociales desfavorables, en virtud de que 99.9 % de los recursos se transfirieron injustificadamente hacia otras cuentas bancarias sin atender los objetivos del fondo".

"Por lo que no se contribuyó a la mejora de las condiciones de vida de la población más desprotegida del estado, ni para atender los servicios de infraestructura básicos como son: agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y de mejoramiento de vivienda, lo cual no favoreció el cumplimiento del objetivo y la calidad de la gestión del fondo".