Señalando haber sido elegidos de manera “legítima y democrática”, el Gobierno de Veracruz señaló la intromisión la ONU en el proceso penal de la jueza Angélica “N”, quien este jueves fue vinculada a proceso con prisión preventiva justificada de un año.
Cabe señalar que a las Salas de Juicios Orales de Pacho Viejo asistieron observadores de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), quienes solicitaron ingresar a la audiencia.
Pese a la solicitud y el debate de más de dos horas, el Juez de Control del Poder Judicial de Veracruz, Roberto Santos Maldonado, rechazó el ingreso de los observadores de la Oficina del Alto Comisionado.
Además, la autoridad jurisdiccional local también negó que abogados del Instituto Federal de la Defensoría Pública se integraran a la defensa de la jueza Angélica “N”.
Mediante un comunicado, el gobierno de Veracruz reafirmó su compromiso con los derechos humanos y con los organismos encargados de su observancia y protección, de acuerdo con las leyes y con los Tratados y Convenciones Internacionales.
No obstante, expresó su preocupación ante los intentos de la OACNUDH “de pasar por alto la Constitución del país, sus leyes reglamentarias y, en particular, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los artículos 64 y 218”.
Acusaron que estos hechos se suscitaron durante el día de ayer en el Juzgado Penal Oral del XI Distrito Judicial de Xalapa, ubicado en Pacho Viejo, durante la continuación de una audiencia que había iniciado el 16 de junio del presente año.
“No es mandato de la OACNUDH en México participar u observar los procesos penales y las audiencias de casos individuales lo cual corresponde únicamente a las partes legítima y legalmente establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El Mandato de la OACNUDH establecido en el Acuerdo firmado con el Gobierno de México no establece su intervención directa ni indirecta en los casos que se llevan en el sistema judicial mexicano (Acuerdo que además fue firmado con el Gobierno de México en la administración pasada)”.
En el comunicado, el gobierno señaló que las pretensiones de los observadores e intentos pudieron violentar la audiencia.
“Exhortamos a los integrantes de dicha representación a no romper con la legalidad constitucional de un país libre, soberano, democrático, humanista, pacifista y que lleva a cabo una transformación político social en beneficio de todos, y acatar el Acuerdo firmado con el Estado mexicano en sus términos precisos”.
Añade que las condiciones iniciadas y acuerdos establecidos en la audiencia inicial deben continuar en la segunda parte, “en virtud de que se trata de la misma audiencia y en observancia de la Ley aplicable”.
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