Detenidas, fiscalías especializadas en feminicidios por poco presupuesto

En 2020 el Congreso del Estado de Veracruz reformó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia sin destinar recursos para la creación de una fiscalía especializada en combate a feminicidios, tal y como ahora establece dicho marco legal.

Este lunes la fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, reconoció que aunque el año pasado se realizaron cambios a la ley para establecer la creación de fiscalías especializadas contra el feminicidio en los 212 municipios, no se ha podido avanzar por falta de presupuesto.

Detenidas, fiscalías especializadas en feminicidios por poco presupuesto

Incluso reconoció que se trata de un proyecto a largo plazo y por ahora el organismo se empeña en mejorar resultados de Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas.


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Luego de reconocer que Veracruz es segundo lugar nacional por casos de feminicidio, la funcionaria añadió que el establecimiento de estas fiscalías no se puede lograr en un año porque implica el reclutamiento de recursos humanos, como contratar fiscales capacitados, auxiliares y peritos exclusivamente enfocados a investigar y atender casos de feminicidio.

"Las reformas contemplan la posibilidad de que exista una fiscalía especializada en los 212 municipios pero por el recurso con que cuenta la Fiscalía no se puede en un año, se está fortaleciendo, pero no es un proceso rápido o fácil, espero este año contar con más capacitaciones", dijo. 

Aun así, aseguró que la Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos Contra la Mujer tiene una perspectiva de género, ya que actualmente toda muerte violenta de mujer se inicia con el protocolo de feminicidio y posteriormente se determina si se reafirma el feminicidio o se tipifica como homicidio. "Hay una disposición y una nueva visión y compromiso".


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Ello tras ser cuestionada en conferencia de prensa sobre el exhorto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para atender bajo esos parámetros los casos de Adriana López y Samara Arroyo, cuyos asesinatos indignaron a la opinión pública.


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