Ciudadanos que se dicen defraudados por una supuesta financiera para la adquisición de automóviles demandan que les devuelva el dinero que han aportado, pero no les dan la cara e incurren en acciones fuera de la ley, como amenazas y presión psicológica.
Gabriela Reséndiz Torres, una de las afectadas, dijo que operan en absoluta irregularidad, y en los juzgados les han dado un trato negativo a los quejosos.
Ella sabe de una decena de víctimas, pero se estima que hay muchas más.
/pn
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