La jueza del Juzgado Octavo de Primera Instancia especializado en materia familiar en Orizaba, Gemma Méndez García y su secretaria de Acuerdos, Eloísa Román Rodríguez, fueron denunciadas ante la Fiscalía Anticorrupción.
El abogado Jorge Reyes Peralta, representante de la ciudadana Samira Kuri Palacios, procedieron contra la autoridad jurisdiccional por abuso de autoridad y contra la administración de justicia.
Señalaron que la juez le quitó, sin las diligencias debidas, la guardia y custodia de sus dos hijos de cuatro y seis años a Kuri Palacios y se la otorgó a Paulina Ferrer Megías, tía de los menores y hermana de su exesposo, Vicente Ferrer Megías.
Reyes Peralta explicó que su clienta tiene la guardia y custodia de sus dos hijos, Vicente y Samantha “N”, por un convenio de divorcio celebrado con el padre de los menores.
Detalló que el acuerdo fue aprobado por resolución judicial el 23 de junio de 2020 en el expediente 451/2020 por el juzgado sexto de primera instancia especializado en materia familiar de Orizaba.
Sin embargo, el 4 de septiembre, el excónyuge de Kuri Palacios se negó a devolver a los menores a su madre tras llevárselos el fin de semana, promoviendo un depósito judicial a favor de Paulina Ferrer Megías, su hermana, ante el juzgado octavo de primera instancia.
Reyes Peralta acusó a la juez de proceder irregularmente en este asunto, al no advertir el convenio de divorcio que se celebró hace cuatro meses, violentando una resolución judicial firme que estableció que los menores quedan bajo la guarda y cuidado de Samira Kuri Palacios.
Por esta razón procedieron contra la autoridad jurisdiccional y la denunciaron ante la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción en Xalapa.
El abogado dijo que la juez y la secretaria de acuerdos, Eloísa Román, actuaron en 72 horas a favor de Paulina Ferrer Mejías, luego de que su hermano promovió el depósito de los menores el 8 de septiembre, llegando al acuerdo el 9 de septiembre sin practicar una diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida.
“Ese mismo día 9 de septiembre se decretó el depósito judicial de los menores hijos a favor de Paulia Ferrer Megías, sin salir del escritorio y pese a la pandemia”, acusó el abogado.
Criticó el rezago de expedientes por la pandemia y el ágil actuar de la juez que perjudica a la madre de los menores.
Por su parte, Samira Kuri Palacios dijo que es ama de casa y accedió a vivir en Puebla en acuerdo con su exesposo para que pudiera visitarlos los fines de semana.
No obstante, Vicente Ferrer Mejías quien es empresario y dueño de la compañía de reciclaje Omnigreen S.A.P.I de C.V. que tiene contratos con Walmart, ahora no le permite ver a sus hijos con el apoyo de su familia.
“Están maltratando psicológicamente a mis hijos (…); ellos deben de estar conmigo”, aseguró la denunciante.
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