Cuitláhuac García en la mira por posible desacato y violación a los derechos humanos, este es el motivo

En fechas recientes el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez declaró  que no firmará acuerdo con el INE ( Instituto Nacional Electoral) y el Organismo Público Local  Electoral (Ople) para recoger el voto de personas privadas de su libertad en penitenciarias del estado.

En febrero de 2019, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que las personas en prisión sin sentencia tienen derecho a votar, respaldando el principio de presunción de inocencia.

Ante eso el ejecutivo estatal dijo que los jefes de plaza de grupos criminales están en los mismos espacios que las personas no sentenciadas, y por ello, por razones de seguridad, no se permitirá ninguna actividad electoral.

“No se trata de un convenio o no, se trata de un tema de seguridad, de alta seguridad; y se le respondió mediante oficio los argumentos de seguridad por los cuales no es posible hacerlo, (…) nos fuimos por los jefes de plaza y los tenemos en la cárcel. La pregunta que yo le haría es ¿Quiere ellos voten?“, dijo el gobernador.

SE INVESTIGARÁ DESACATO Y VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

El INE informará al Tribunal Electoral la negativa del gobernador, teniendo en cuenta jurídicas por desacato a una sentencia definitiva y violación a derechos humanos. 

La Comisión de Capacitación y Organización Electoral detalló que el gobierno del estado de Veracruz ha argumentado falta de condiciones de seguridad para llevar a cabo la votación en los penales estatales, sin embargo mantienen las gestiones para atender el tema, ya que hasta el momento no hay una respuesta formal de las autoridades de la entidad.

Martín Faz ,consejero presidente de esta comisión explicó que en Veracruz solo se permitirá el ejercicio del voto en prisión preventiva en los centros penitenciarios federales, mientras que la negativa del gobernador aplica para las cárceles estatales. 

La consejera Dania Ravel dijo que hasta el momento solo tienen la postura del área jurídica, misma que explica que existe un obstáculo material insuperable para el acceso al voto en prisión preventiva en los penales estatales de Veracruz debido a la falta de condiciones de seguridad. 

El gobernador declaró que las autoridades electorales tendrán que recurrir a amparos, si así se requiere, para realizar esta actividad contemplada en los procedimientos electorales.

Insistió en que no se debe dejar votar a feminicidas, jefes de plaza y otros, que a pesar de ser señalados por presunción de delitos, no tienen sentencias.

“Que se quite la máscara y diga si quiere que voten feminicidas, que voten jefes de plaza, que voten, que lo diga con toda claridad, entonces violas un tema de seguridad”, reiteró.

CONSEJERA RECOMIENDA ACCIONES CONTUNDENTES

Se informará a la Sala Superior sobre el rechazo de Veracruz ante la decisión de las autoridades locales, se trata del acatamiento de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de no hacerlo implica una evidente violación a los derechos humanos. 

La consejera Carla Humphrey propuso analizar acciones jurídicas más contundentes, ya que considera que los dichos del gobernador reflejan un claro desconocimiento que afecta los derechos humanos de las personas en prisión preventiva. 

“En el caso de Veracruz no sé cómo interpretar exactamente si es un tema de seguridad, porque el propio informe señala que ante un requerimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el gobernador señaló que desconocía la manera en que el instituto garantizaría el voto informado y secreto de las personas en prisión preventiva y expresó la duda sobre cómo una persona privada de su libertad podría ejercer su derecho a votar.  

“Esto en claro desconocimiento de los derechos humanos, y el que una persona que no tiene sentencia condenatoria sigue teniendo vigentes sus derechos políticos y electorales, me parece que aquí hay un claro incumplimiento, no sé si un desacato a una sentencia porque hay una obligación, me parece que no sólo tenemos que avisar sino buscar una acción jurídica para que se pueda garantizar este derecho al voto”. 

Em este sentido Dania Ravel dijo que iniciar un proceso jurídico sería tardío para el proceso electoral en curso, por lo que las acciones serían por posibles consecuencias por desacato a la sentencia del Tribunal. 

La Comisión instruyó a la Dirección Jurídica del INE a analizar esta ruta legal y presentar un informe el próximo lunes, para establecer las acciones a seguir.

Con información de Luis Rivera