Daño patrimonial de 252 mdp en Tantoyuca, origen de críticas al Orfis

Para la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, el hecho de que el ayuntamiento de Tantoyuca haya resultado con un presunto daño patrimonial de 252 millones de pesos, es el origen de que nuevamente se tenga que revisar el Informe de la Cuenta Pública 2021.

Recordó que en las reuniones que sostuvo como diputados de la Comisión de Vigilancia, le cuestionaron por qué dicho ayuntamiento fue observada toda la obra pública realizada en el último año de la administración municipal.

A esto, la auditora respondió que dicho ayuntamiento no entregó nada de información, ni pruebas documentales, por tal razón no existe certeza de que la obra pública se haya hecho en términos correctos, y por tanto la ley la obligada a colocar todo como presunto daño patrimonial.

Mencionó que en su momento el personal del Órgano de Fiscalización Superior notificó sobre la auditora que iba a realizar, pero no hubo respuesta por parte del ayuntamiento de Tantoyuca; posteriormente le requirieron la información y tampoco les respondieron.

Derivado de ello, el Orfis se vio en la necesidad de imponer una multa económica a los involucrados y fue hasta entonces que les respondieron, pero tampoco les dieron las pruebas para solventar.

La excusa que les dio el ayuntamiento de Tantoyuca, es que la Auditoría Superior de la Federación también le estaba practicando una auditoría.

En ese sentido, detalló que resultaba más fácil para dicho ayuntamiento poder entregar información, pero no atendió ninguna de las peticiones del Orfis y por tanto se derivó en calificar como daño patrimonial toda la obra pública.

Tal situación le fue explicado a los diputados; sin embargo dijo que una legisladora se molestó y, a partir de ahí, es que derivó que la próxima semana le devuelvan el Informe de la Cuenta Pública 2021.

El Órgano de Fiscalización Superior es un organismo autónomo del Estado dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, presupuestal y de gestión, que apoya al Congreso en el desempeño de su función de fiscalización superior.

Tiene la competencia que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado y demás legislación aplicable.