Se disparan juicios por violencia política de género, alerta TEV

El magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Roberto Sigala Aguilar, señaló que este año han atendido al menos 150 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC), presentados por integrantes de los cabildos de al menos 70 municipios.

Al respecto, reconoció que se están disparando dichas denuncias, sobre todo en hechos relacionados con obstrucción del ejercicio público a mujeres.

“Ellos promueven juicios para la protección de los derechos político-electorales; esto es variable, hay municipios que no tienen ningún conflicto, hay otros por el contrario que constantemente nos están presentando demandas”, dijo.

Agregó que más de la mitad de los ayuntamientos que han procedido ante el Tribunal lo han hecho por casos de violencia política en razón de género.

Sin embargo, indicó que solamente entre el 10 y 15 por ciento logran acreditarse como tal, mientras que el resto resulta en una obstrucción del encargo.

Irían por aumento presupuestal

En otro tema, el Tribunal podría solicitar un aumento en el presupuesto que ejercerá en el 2023 y con ello poder contratar más trabajadores, confirmó el magistrado presidente Roberto Sigala Aguilar.

Con esto, se desdijo de su declaración de septiembre pasado, donde sostuvo que no solicitarían ningún incremento en el próximo año.

El magistrado justificó que el inicio del proceso electoral, principalmente con las precampañas y por ende la presentación de quejas contra los aspirantes, que incluso ya se han presentado, obligan al Tribunal a solicitar un presupuesto que se ajuste a dichas necesidades.

Sigala Aguilar dijo en entrevista que, hasta el momento, existen alrededor de una decena de quejas en el Organismo Público Local Electoral (OPLE), que posiblemente llegarían hasta el TEV, y que versan sobre quejas de promoción anticipada.

Dijo que el trabajo se ha incrementado en el Tribunal, de ahí que también sea necesario tener mayor recurso humano para ir dirimiendo los conflictos que han surgido y surgirán.

“Va a ser una carga de trabajo muy muy grande; la suma no se puede determinar. La verdad necesitamos cerrar el año para ver con cuántos asuntos cerramos, ver cuánto se incrementó y poder sacar una proporción real y poderla justificar con números”, acotó.

El magistrado presidente recordó que este año se autorizaron alrededor de 92 millones de pesos, pero el siguiente podrían necesitar al menos 100 millones.