La auditora general del Estado, Delia González Cobos confirmó que el déficit financiero del Poder Judicial tiene que ver con un cambio de la fórmula para la entrega de los recursos, que “mermó significativamente los ingresos” que le correspondían.
Sostuvo que aún van a revisar el ejercicio fiscal de 2021 para advertir si hubo alguna irregularidad en el manejo de los recursos, aunque todo indica que “tuvo que ver con un cambio en el ingreso, que disminuyó en cuanto al cambio de fórmula que establece la ley y que los diputados de la anterior legislatura tuvieron a bien modificar”.
“La consecuencia fue esa, que lo vimos, tuvimos una reunión con los diputados y trajimos los documentos en los que se pudo advertir que más que nada tenía que ver en el cambio en la fórmula de la recepción de las participaciones”, dijo.
Agregó que también la Fiscalía General del Estado (FGE) se vio afectada por la misma situación de modificación de fórmulas.
“Este desajuste se da en función de que ya se tenía por parte de estos órganos autónomos una presupuestación, se contaba ya en su planeación con un ingreso mayor, de ahí que se da esta situación cuando reciben un ingreso menor”.
Cabe recordar que a mediados del año pasado se dio a conocer que el Poder Judicial cerraría 29 juzgados en diversos puntos de la entidad, argumentando poca funcionalidad, aunque en medio de esa decisión se descubrió que hacían falta al menos 500 millones de pesos para terminar el 2021.
Además, se implementó un plan de austeridad para disminuir las percepciones de magistrados y personal de confianza y con ello establecer un ahorro con miras a subsanar dicho boquete financiero, lo que provocó que algunos togados se ampararan para evitar los descuentos.
De manera adicional, el Congreso del Estado autorizó una ampliación de 200 millones de pesos para el Poder a cargo de Isabel Inés Romero.
Por otro lado, cuestionada acerca de la documentación que se ha solicitado por parte de las defensas de Javier Duarte y Karime Macías para desestimar los casos de desvíos, sostuvo que el Orfis ha entregado a la Fiscalía todo y cuanto ha sido solicitado.
“Los requerimientos que nos hace son atendidos de inmediato porque sabemos la trascendencia que hay respecto de estos asuntos, que de por sí integrar las carpetas ha llevado un buen tiempo.
“Esos casos son complejos por el manejo que en su momento se dio. Hubo ahí un esquema bastante complicado para que no fuera tan sencillo advertir todo este embrollo. Estuvo muy complicado el hecho de ir detectando”, acotó.
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