OPLE aun evalúa si descartar a violentadores o deudores alimenticios de elecciones

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) será el encargado de determinar si en el próximo proceso electoral se aplicarán restricciones a los violentadores y deudores alimentarios para acceder a candidaturas a cargos de elección popular en Veracruz.

La presidenta del OPLE, Marisol Delgadillo Morales, mencionó en una entrevista que será el órgano colegiado el encargado de analizar y decidir la implementación de las disposiciones de la conocida Ley 3 de 3, cuyo propósito es impedir que hombres que hayan perpetrado violencia contra las mujeres o que no cumplan con el pago de pensiones alimenticias tengan la oportunidad de participar como candidatos.

"Se tendrá que someter a análisis del Consejo General, hasta en su momento que el Consejo General se posicione sobre los pros y contras y determine, será hasta ese caso que se tenga la certeza (...). Evidentemente es un reclamo a nivel nacional de generar acciones para detener cualquier tipo de violencia de género", expresó Delgadillo Morales.

LEY YA SE APROBÓ

La presidenta del OPLE enfatizó que, aunque la iniciativa ya ha sido aprobada en el Congreso de la Unión, será responsabilidad del OPLE determinar cómo proceder, especialmente si aún no se ha homologado a nivel estatal.

"El Organismo Público Local Electoral deberá tomar una determinación en el pleno sobre cuáles van a ser los requisitos para dar procedencia a los registros de candidatos. Será hasta ese momento que podremos tener visibilizada la necesidad de implementar este requisito para poder ser registrado como candidata o candidato", añadió.

Delgadillo Morales afirmó que los cambios en las normas responden a demandas de la sociedad, en este caso, de los grupos feministas que buscan hacer cumplir las obligaciones alimentarias. En consecuencia, considera que esta ley es oportuna y espera que su implementación sea beneficiosa para la sociedad mexicana y, en particular, para el estado de Veracruz.

La "Ley 3 de 3 contra la violencia" tiene como objetivo impedir que personas agresoras sexuales, deudoras de pensión alimenticia o que hayan cometido violencia familiar ocupen empleos o cargos de elección popular en los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal.

La ley ha sido aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y ahora queda pendiente que los estados realicen las adecuaciones necesarias en sus leyes locales. Recientemente, el pasado 11 de mayo, el Congreso de Veracruz aprobó por unanimidad, con 44 votos a favor, la minuta enviada por el Senado de la República referente a la suspensión de derechos para ocupar cargos, empleos o comisiones de servicio público para deudores alimentarios o personas que hayan cometido algún tipo de violencia.

Sin embargo, dado que se trata de una reforma constitucional, la minuta debe recibir el aval de la mayoría de las legislaturas estatales del país para completar su proceso legislativo. Posteriormente, cada entidad federativa también deberá realizar las adecuaciones correspondientes.