Abogados, ciudadanos y políticos se suman a ‘Movimiento por la Justicia’

Este sábado senadores y diputados de oposición, abogados, académicos militantes de partidos e integrantes de la sociedad civil iniciaron lo que llamaron el "Movimiento por la Justicia"; en Plaza Lerdo se pronunciaron contra las detenciones arbitrarias y los presos políticos.

Destacan senadores como como Dante Delgado Rannauro, quien encabeza el movimiento y luego renunció a presidir la Comisión Especial que da Seguimiento a los casos de Abuso de Autoridad y Violaciones al Estado de Veracruz; el panista Julen Rementería del Puerto e Indira Rosales San Román; Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano, así como el diputado federal José Yunes Zorrilla; también se vio al exdiputado Héctor Yunes Landa y a perredistas como Arturo Herviz y Yazmín Copete Zapot.

En las escalinatas de la Catedral de Xalapa, Delgado Rannauro afirmó que José Manuel "N", ex secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado es inocente, y fue encarcelado por órdenes del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Señaló que son mil 33 personas privadas de la libertad injustamente, sin pruebas, sin juicio, sin sentencia; "vidas que han sido truncadas, familias que están separadas y han sido obligadas a procurar la defensa de personas inocentes".

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Refirió que el abuso de poder tiene consecuencias pero tarde o temprano termina la impunidad; "todos los funcionarios que han atentado contra la libertad de inocentes tendrán que pagar por sus actos criminales, irán a prisión y entonces entenderán el terrible daño que le han causado a miles de veracruzanos inocentes".

"Aunque habrá una sola diferencia; que ellos sí son culpables y pagarán con creces el terrible daño que le han causado a Veracruz y a su gente".

Y agregó: "No estamos hablando de política, estamos hablando de libertad; no estamos hablando de política, estamos hablando de justicia, estamos hablando de hombres y mujeres encarcelados injustamente.

Por su parte, la senadora panista Indira Rosales San Román dijo que buscan dar una batalla por la libertad y por todas las personas que están detenidos de manera injusta y arbitraria.

“Estamos aquí por las decenas de presos políticos que el gobierno estatal tiene encarcelados en el penal de Pacho Viejo; estamos aquí porque este gobierno impuso el delito de ultrajes a la autoridad para reprimir a la gente de Veracruz, para encarcelar a las personas sin pruebas ni sentencias de por medio, porque hay miles de personas inocentes privadas de su libertad y no lo vamos a tolerar”.

Apuntó que pondrán un alto al abuso de autoridad y defenderán los derechos de toda la gente presa injustamente; además de la libertad y la presunción de inocencia.

“Estamos aquí por José Manuel, por Tito, por Yolli, por Rogelio Franco, para ayudar a todos los veracruzanos que han sido víctimas de este gobierno, para darnos las manos entre ciudadanas y ciudadanos y demostrarle al gobierno que no nos van a censurar ni nos van a intimidar, para dar vida a un movimiento social”.

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El senador Julen Rementería del Puerto subrayó que el objetivo primigenio de un gobierno no son las obras y llevar servicios, sino respetar los derechos de las personas, por lo que el Movimiento es para exigir la liberación de quien injustamente está recluido.

Cuestionó de qué sirve un gobierno si no puede hacer respetar lo principal; “el que puedan transitar las personas, los ciudadanos, hombres y mujeres con absoluta libertad a lo largo y ancho del territorio de Veracruz, y parece que aquí se han dedicado a encarcelar a quienes simplemente no piensan como ellos, olvidándose que la búsqueda de justicia debe ser igual para todos”.

Por parte de la sociedad civil, Aaron Contreras remarcó que los ciudadanos no aceptan vivir con el miedo permanente de perder la libertad, de ser víctimas de un gobierno que encarcela personas inocentes.

“No aceptamos que inocentes estén obligados a demostrar su inocencia en prisión ni que el gobierno los mantenga encarcelados durante meses o años, sin pruebas, juicio ni sentencia, no aceptamos que la libertad de ser, hacer, o disentir sea un delito, no aceptamos vivir cuidándonos de quien debería protegernos, no vamos a renunciar a la liberta, a la justicia, al derecho que tenemos de ser considerados inocentes”.

Por ello expuso que, si el gobierno quiere callarlos, levantarán aún más la voz; si reprime, seguirán de pie y si detiene inocentes, lucharán para devolverles su libertad.

Por parte de la comunidad académica, Rosa Hilda Rojas expresó que se unieron al “Movimiento por la Justicia” para exigir la derogación del delito de ultrajes a la autoridad por considerarlo ambiguo en su redacción, y que vulnera el principio de legalidad.

Refirió que académicos de la facultad de Derecho de la UV solicitaron al Congreso la derogación del delito por ser inconstitucionales, pero hasta ahora sigue vigente, aunque el tiempo les dio la razón ante los miles de ciudadanos detenidos por este delito, vinculadas a proceso y a quienes se les ha decretado la prisión preventiva como medida cautelar y se encuentran en diversos centros penitenciarios.

“Advertimos a los integrantes del Congreso que por su redacción ambigua vulneraba el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, el cual consiste en que si el tipo penal no está debidamente definido, que al no señalar cuáles actos o conductas, tales como amenazas o agresiones era claro que rebasan el umbral exigido para ser sancionados penalmente en perjuicio de la libertad personal y por tanto impedía que los destinatarios de la norma; es decir, ustedes y yo, puedan saber con razonable precisión cuál es la conducta que su interacción con la autoridad sería sancionada penalmente por considerarse un acto amenazante o agresivo”.

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Añadió que el delito de ultrajes a la autoridad, en algunos casos, solo ha sido un instrumento para criminalizar la disidencia, inhibir la participación política de la ciudadanía y en otros casos para negar y restringir derechos civiles, obstaculizando el acceso a un juicio justo, lo que afecta el estado de derecho.

El representante de los colegios de abogados, Mario López, dijo que se han unido a este movimiento porque no están dispuestos a tolerar ningún tipo de abuso de poder, ninguna injusticia y menos cuando se comenten desde el propio Gobierno del Estado.

“Así como en su momento nos pronunciamos en contra del delito de ultrajes a la autoridad, una figura anti constitucional que violenta el principio de presunción de inocencia, atenta contra la libertad de ciudadanas y ciudadanos y se convirtió en una herramienta de persecución y represión”.

Definió que no pueden tolerar que sean los gobiernos quienes violenten el estado de derecho, “porque no hay nada más importante que hacer valer la justicia”.

Por ello, sostuvo que prestarán asesoría legal de forma gratuita a las mil 33 personas detenidas injustamente; “no vamos a permitir que un solo inocente siga preso por la intransigencia y abuso del gobierno; en los próximos días, el Movimiento por la Justicia dará a conocer los mecanismos y espacios en los que trabajaremos para buscar la liberación de veracruzanos y veracruzanas inocentes”.