Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta una crisis de deuda con proveedores que asciende a los 400 mil millones de pesos, lo que ha generado protestas y bloqueos por parte de trabajadores y empresarios afectados.
Esta cifra triplica los 126 mil millones reconocidos de manera oficial por la empresa del Estado. Ante este caso, el gobierno de Claudia Sheinbaum, así como las Secretarías de Hacienda y Energía urgen soluciones para evitar mayores conflictos.
Entre las alternativas en análisis está el refinanciamiento de pasivos por medio de bonos globales. Esta estrategia daría la oportunidad a proveedores de obtener liquidez al intercambiar pagarés en el mercado secundario. Pemex ya usó un esquema similar en 2022, consiguiendo refinanciar deudas internacionales por 2 mil millones de dólares. En esta ocasión, tiene la meta de refinanciar 5 mil millones de dólares, priorizando proveedores internacionales, con el respaldo de Citigroup para garantizar la operación.
No obstante, esta medida es vista como un paliativo, ya que no soluciona la crisis de fondo ni mucho menos el impacto para los proveedores, quienes apenas recuperarían una parte de las cuentas por cobrar. Empresarios locales y legisladores han exigido una reestructura completa, pero esta no se encuentra contemplada en el Plan de Energía del Gobierno Federal.
El tiempo también se trata de un factor crítico: los recursos para cubrir facturas en 2024 son limitados, y cualquier nueva emisión de deuda o capitalización tendría que esperar hasta mediados de 2025. Esta crisis representa un daño directo a proveedores estratégicos, así como obras prioritarias como la Refinería Dos Bocas, lo que podría repercutir en la producción y objetivos de la empresa.
La instrucción presidencial es reconocer la deuda completa, así como plantear un plan de pagos a mediano plazo, a pesar de que la viabilidad de estas medidas continúa en análisis.
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