El exdelegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara es el precandidato de Morena que abiertamente se enfrenta a los consentidos del gobernador Cuitláhuac García y por lo tanto de manera ilegal le bloquean sus actos de campaña electoral como el ocurrido en el municipio de Omealca donde emisarios del exsecretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos se aparecieron en el salón ejidal a colocar mantas ajenas al evento, provocando temor entre los pobladores que no entienden este tipo de guerra sucia que no debiera de existir entre compañeros del mismo partido político.
Hechos lamentables que deben ser sancionados por los dirigentes de este movimiento, de antemano se sabe que no cuenta el dirigente estatal, Esteban Ramírez Zepeta, quien afirma “que el que no quiera ver brujas que no salga de noche” y los califica como pura politiquería.
Ante el presidente López Obrador fue denunciado el anterior presidente del Tribunal Superior de Justicia Edel Álvarez Peña por entregar contratos por 350 millones de pesos a empresas fantasmas y estas acusaciones fueron hechas por su sucesora Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre y el caso le está revisando la Auditoría Superior de la Federación y el SAT ya que se trata de un gran negocio con la construcción de las ciudades judiciales durante la administración del gobierno panista de Miguel Yunes Linares.
El propio mandatario hizo mención sobre las tres anteriores administraciones estatales donde imperó la corrupción y dejaron al estado de Veracruz en ruinas.
El gobernador Cuitláhuac García debe tomar las acciones penales que demandan las autoridades judiciales y no esperar que la corresponsal Tere Mora vuelva a abordar este tema en las mañaneras.
La verdadera guerra política del partido Morena es en contra del Poder Judicial de la Federación se trata de un recorte de 30 mil millones de pesos el primero de 15 mil al confiscar 13 de los 14 fideicomisos donde guardan más de veinte mil millones para beneficios personales de los jueces, magistrados y ministros, especialmente de estos últimos, que disfrutan salarios que superan por tres veces lo que obtiene el Presidente de la República, de este fideicomiso lo usan para remodelación de sus residencias, compras de camionetas blindadas, gastos médicos y otra variedad de gastos que no están contemplados para los servidores públicos.
Para este ajuste presupuestal requieren sólo la mayoría simple que tienen los aliados al gobierno federal en la Cámara de Diputados Federales y en el Senado.
Los otros 15 mil millones que quieren reducirle a este Poder Judicial es al referente a magistrados y jueces que cuentan con otros tipos de beneficios en elevados salarios y un numeroso personal que no es acorde con la austeridad republicana del gobierno federal.
Dentro de esta confrontación que se llevará cabo a fines del presente año son las fechas en que arrancan las campañas electorales federales. Para ello cuenta el Poder Judicial con el apoyo del Frente Amplio que está compuesto por el PRI, PAN y PRD, quienes no quieren perder la oportunidad que es completamente ajena a lo electoral, pero el pretexto es lo de menos.
No hay informes si en esta lucha que deriva de la corrupción existente se les unirá el MC, que comanda el ex exgobernador de Veracruz Dante Delgado Rannauro.
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