A finales de la semana anterior, en una entrevista aparentemente arreglada –ya que no le tocaron el candente asunto de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa que sigue vigente en México–, el expresidente Enrique Peña Nieto salió a declarar al influyente diario español El País que eran “absurdas” las acusaciones en su contra que cuatro meses antes había anunciado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Y es que en julio de este año, el titular de la UIF, Pablo Gómez, había dado a conocer que a Peña Nieto le fueron detectadas varias transferencias internacionales que sumaban más de 26 millones de pesos, las cuales fueron hechas entre 2019 y 2021, luego de finalizar su mandato. Pero, además, a su familia también le detectaron retiros de dinero por más de 189 millones de pesos y depósitos en efectivo por 47 millones de pesos entre 2013 y 2022. Esta Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda encontró también que el exmandatario tiene vínculos corporativos con dos empresas a las que se le detectaron irregularidades tanto fiscales, como financieras.
Sin embargo, además de esta indagatoria de la UIF, ahora en España –país donde reside desde hace casi cuatro años– ha trascendido una situación mucho más complicada para el político oriundo del Estado de México, entidad en la que el año próximo su partido, el PRI, buscará retener la gubernatura en contra de la candidata de Morena, Delfina Gómez, exsecretaria de Educación Pública y candidata del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su última edición que comenzó a circular desde este sábado, el semanario Proceso reveló que al desarticular una red del Cártel de Joaquín “El Chapo” Guzmán asentada en España, un agente de la Policía Nacional detenido, Diego Arias García, declaró que otro de los integrantes de la red le confesó que cenó con el expresidente Peña Nieto y contactó al embajador Quirino Ordaz Coppel, un empresario priista a quien en su sexenio el mexiquense hizo gobernador de Sinaloa.
En su reportaje, el corresponsal de Proceso en Madrid, Alejandro Gutiérrez, detalló que el pasado 17 de mayo la policía española decomisó viviendas, fincas y bodegas, incautó drogas y armas, bloqueó 20 cuentas bancarias y detuvo a 24 personas, la mayoría integrantes de una familia oriunda de Sinaloa, así como a colaboradores españoles; entre éstos destaca el subinspector Arias García, quien ante la justicia ofreció informes de las operaciones de lavado de dinero del grupo y sobre lo que uno de sus integrantes –José de Jesús Flores Ramos, “Pepe”– le confesó: que cenó en Madrid con el expresidente Peña Nieto y que lo había contactado el nuevo embajador mexicano “para traer dinero a España”.
Quirino Ordaz afirmó al corresponsal de Proceso que no conoce ni ha tenido contacto alguno con “Pepe” Flores ni con su padre José de Jesús Flores Gutiérrez, cabecillas de la organización criminal de “El Chapo” Guzmán en España.
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