LAWFARE, ARMA LETAL DE PODERES FACTICOS (Primera parte)

No cabe duda, de que la descomposición del sistema judicial se da en toda la América Latina e inclusive en el imperial Estados Unidos, ahora toma fuerza especial en México.

Los intereses de los poderes económico-mediático-político partidista-legislativo conforman punta de lanza contra gobiernos progresistas, y sobre todo nacionalistas, en nuestro continente a través de lo que se ha llamado Lawfare, es decir guerra jurídica en la que jueces, agentes del ministerio público, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral  del poder judicial de la federación, el Tribunal Federal de justicia administrativa Ayer unidos con el Instituto Nacional Electoral, hoy con el Instituto Nacional de Transparencia en plena campaña campal todos unidos contra el Gobierno de la Cuarta Transformación y con miras al proceso electoral del 2024.

América Latina es hoy, más que nunca, un espacio en disputa. Parte de las tensiones políticas buscan ser dirimidas en el campo de lo jurídico. El lawfare, inicialmente asociado a una “guerra contra la corrupción”, se ha ampliado hasta alcanzar procesos electorales y aparatos financieros, incluyendo por momentos el libreto de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Se trata de un proceso de largo aliento que no se restringe a la instrumentalización del aparato judicial con fines políticos.

“El lawfare es una guerra política por la vía judicial-mediática, con intereses económicos, políticos y geopolíticos ocultos a la opinión pública. Incorpora jueces, corporaciones de la comunicación, periodistas y líderes de opinión, policías, embajadas y agentes de inteligencia (local y extranjeros).. Incluye allanamientos de locales políticos y hogares de militantes, persecución y amenaza a familiares, situaciones de exilio y refugio político, manipulación y propagación de miedo en los involucrados en determinados procesos políticos (lawfear).

En los últimos años, estas tácticas han sido utilizadas contra varias decenas de líderes o ex funcionarios y funcionarias de gobiernos y de militantes en Argentina, Ecuador, Brasil, Bolivia, El Salvador, Venezuela, Perú y México vinculados a gobiernos, programas o proyectos que cuestionan con mayor o menor alcance la ortodoxia neoliberal”. (Celag.org).

Esta guerra opera “desde arriba”, por medio de un aparato judicial que se “eleva” por encima del Poder Legislativo y del Ejecutivo, ampliando el margen de maniobra y poder para los jueces, en detrimento de la pérdida equilibrio entre poderes habilitando una creciente juristocracia y normalizando en muchos casos el doble rasero de la ley.

El rol de agencias de gobierno e intereses del sector privado estadounidense involucradas tanto en los procesos judiciales como en los resultados y eventos posteriores a los mismos, que muestran la instrumentalización del aparato judicial-mediático a favor de objetivos económicos, políticos y geopolíticos foráneos, que comparten intereses y negocios con minorías privilegiadas locales.

El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) lo define: “El lawfare es el uso de procesos legales para inmovilizar políticamente o destituir a quienes ocupan cargos públicos en un país. La palabra combina los términos law (‘ley’, ‘derecho’) y warfare (‘guerra’, ‘conflicto’), y se traduce del inglés como ‘guerra jurídica’. Consiste en usar el sistema judicial de un país con fines partidistas, contrarios a la separación y la independencia de poderes y de las provisiones del Estado de derecho. En definitiva, es el arma política de tratar esas mismas cuestiones por vía judicial. El objetivo del lawfare es desprestigiar y desacreditar a una autoridad política, bien para evitar que se presente a futuras elecciones o para retirarla de la vida política.. Se ha comparado el lawfare con un golpe de Estado “blando”, llamado así porque no es violento”.

Todo esto se ha dado desde la guerra política en contra de Lula da Silva y Dilma Rouseff en Brasil,  Nestor Kirchner y y Cristina Fernández, Arturo Fernández  en Argentina, Evo Morales y Álvaro  García Linera en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Pedro Castillo en Perú, Andrés Manuel López Obrador en México, así como el acorralamiento de los recientes mandatarios Boric de Chile, Petro de Colombia y Arce de Bolivia, e inclusive contra Donald Trump y recientemente Joe Biden. En todos ellos hay una constante por la lucha por el poder, la pugna por recuperar los espacios del sometimiento de gobiernos por los grupos de elite de la economía de mercado, globalizado en la decadencia del mundo unipolar y neoliberal dominante.

En el caso de México los escándalos mediáticos más recientes como la defensa a un INE corrupto y convenenciero, sujeto a sus intereses económicos vía fideicomisos, prestaciones y salarios descomunales, la pírrica defensa en la toma del Congreso por los partidos financiados por Claudio equis y sus legisladores, en este caso embravecidos por el síndrome calderonista,  se dieron a la pachanga de noche de piyama y bailes de cachetito senadores de ambos sexos del Vamos por México, ahora en defensa del INAI creado para transparentar la supuesta corrupción ajena y ocultar los desmanes propios de sus gobiernos y congresistas. O el caso de las amenazas de la presidenta de la SCJN al coordinador de la Cámara de Senadores, la contratación de una ex colaboradora de García Luna en el seno de la corte, o los múltiples amparos contra el Tren Maya, Dos Bocas, el corredor transístmico o el aeropuerto Felipe Ángeles.

Además la devolución de cuentas embargadas de García Luna, el mismo día en que fue declarado culpable de  cargos de crimen organizado en Estados Unidos. Amparos al Güero Palma o a Rosario Robles para que dejen la cárcel, amparos al  vinculado con el asesinato de los 43 de Ayotzinapa, Sidronio Casarrubias,  exlíder de los Guerreros Unidos, e hicieron lo imposible por liberar al ex alcalde de Iguala, así como a Tomás Zerón y tantos y tantos casos de malosos tanto del crimen organizado como los de cuello blanco.

El mas reciente: “Si tocan a uno,  nos tocan a todos”, vociferó Santiago Creel ante las ordenes de aprehensión del actual y del ex alcalde de la delegación Benito Juárez, y así como de varios de sus funcionarios, por el reciente descubierto  Cártel Inmobiliario.

La justicia a favor de la minoría rapaz y en contra de la totalidad de ciudadanos de a pie. Una corte asquerosamente corrompida, gozando de grandes privilegios, prestaciones y salarios como nadie en el mundo desarrollado.

LECTURAS, SITIO Y VIDEO  RECOMENDADOS

.Lawfare, Golpes de Estado  en nombre de la Ley. Arantxa Tirado. Edit Akal.

.Bienvenidos al Lawfare, de Eugenio Zaffaroni, Cristina Caamaño y Valeria Weis. Edit. Siglo XXI.  Y sobre todo entrar al sitio www.celag.org.  Y  ver el programa de Los Periodistas que aborda sobre el Lawfare: https://www.youtube.com/watch?v=CwEcaO_sOpc&t=1363s