La prima incómoda

Hace un par de semanas, a principios de enero, el diario capitalino “24 horas”, que dirige Eduardo Salazar González, publicó un breve comentario titulado “Mandamás oscuro”, en el que textualmente consignaba que “quien no da una en materia de gobernanza --se dice--, es el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, pues quien verdaderamente lleva las riendas del poder estatal es el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, a quien por cierto se le vincula con gente del crimen organizado, principalmente de la zona de Coatzacoalcos”, finalizando con la breve interrogante: “¿Será?”.

Entre las versiones que circularon en aquella ocasión, la que más impactó fue la que atribuía dicha filtración periodística a un influyente personaje del primer círculo del presidente López Obrador que veía mal el exacerbado protagonismo y la incontenible concentración de poder del titular de la SEGOB que ha venido alimentando el insistente rumor de que podría sustituir a García Jiménez en la gubernatura después del segundo año de esta administración, especulación que se reforzó aún más con la reciente iniciativa que casualmente ese mismo día, a través del grupo legislativo mixto PRI-PVEM, se promovió en el Congreso local para reformar los artículos 46 y 47 de la Constitución Política del Estado para que sea el secretario de Gobierno quien asuma el cargo de gobernador de manera automática en caso de ausencia definitiva del titular del Ejecutivo.

En un principio se consideró como parte de una campaña sucia en contra de Cisneros la difamación de vincularlo “con gente del crimen organizado” del sur de Veracruz. Sin embargo, ahora que en su comparecencia ante la LXV Legislatura local, a pregunta expresa del diputado de Morena, José Manuel Pozos Castro, expresidente de la Mesa Directiva, la encargada de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, confirmó su parentesco cercano con Guadalupe Hernández Hervis, (a) “La Jefa” --operadora de Hernán Martínez Zavaleta, (a) “Comandante H”, quien hasta antes de su detención, a finales de junio de 2017, era el jefe de Los Zetas en la región de Coatzacoalcos--, el secretario de Gobierno ha quedado en entredicho, ya que a él se atribuyó no solo la sorpresiva destitución del exfiscal yunista Jorge Winckler a través de un polémico acuerdo aprobado fast track por la Diputación Permanente, sino que además se le adjudica la imposición en la FGE de esta abogada de Santiago Tuxtla que hasta septiembre pasado se desempeñó a su lado como directora Jurídica de la SEGOB.

Aunque estos vínculos familiares de la encargada provisional de la Fiscalía con la operadora de Los Zetas ya habían trascendido en la prensa local, el caso escaló mediática y políticamente a nivel nacional este martes por su respuesta al diputado tuxpeño Pozos Castro, quien hace tres meses fue obligado a renunciar a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso local, siendo sustituido por el legislador cordobés Rubén Ríos Uribe a sugerencia, presuntamente, de Cisneros Burgos.