La presión de la CNDH
La compleja situación que enfrenta la administración de Cuitláhuac García, envuelta en señalamientos por presuntos abusos de autoridad y autoritarismo, le orilló a aceptar la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La Fiscalía General del Estado dio a conocer que había “aceptado y realizado las acciones inmediatas tendientes al total cumplimiento de la recomendación… emitida en diciembre del año pasado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con motivo de la detención de seis jóvenes en la ciudad de Xalapa.”
Posterior a dicho boletín, el ejecutivo veracruzano hizo lo propio: convocó a rueda de prensa para decir lo que ya había difundido la Fiscalía, que aceptaba la recomendación, que no se permitirán abusos y que se daría cumplimiento a lo planteado por la CNDH.
“Si tenemos que corregir, corregimos, no vamos a permitir que suceda ni porque sean mínimos… no tenemos ningún problema”, apuntó el mandatario veracruzano.
El resto del discurso del gobernador fue un recuento de las omisiones que en el pasado tuvo la CNDH respecto a las violaciones a las garantías individuales por parte de los gobiernos anteriores; dijo que al protestar contra la reforma educativa, en los tiempos de Javier Duarte, “nos tundieron durísimo” (a él y al entonces diputado local Zenyazen Escobar, hoy titular de la Secretaría de Educación de Veracruz).
En términos generales, la conferencia de prensa del gobernador y el boletín de la Fiscalía dejan claro que el Ejecutivo no está dispuesto a abrir más frentes.
El 30 de diciembre, la CNDH emitió la recomendación 146/2021 por el tema de los seis jóvenes encarcelados y acusados por el delito de ultrajes a la autoridad.
Fue el seguimiento a la denuncia pública lanzada por el senador Ricardo Monreal.
La Comisión documentó violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica y a la libertad personal, “derivadas de la detención arbitraria y la imputación indebida de hechos por parte elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) y de personal adscrito a la Fiscalía General del Estado de Veracruz”.
Los seis jóvenes fueron detenidos el 3 de septiembre en Xalapa. De acuerdo con la recomendación de la CNDH, los policías iban encapuchados, revisaron sus pertenencias y les colocaron esposas. Una vez detenidas, las víctimas de este abuso policial fueron obligadas a firmar documentos y dar acceso a sus teléfonos celulares, para posteriormente ser vinculados a proceso.
Por todo ello, la Comisión determinó que hubo violación a los derechos de las víctimas, “debido a que los elementos de la SSP del estado no se apegaron a los lineamientos constitucionales y convencionales para la privación de la libertad de cualquier persona, y a que su detención se ejecutó sin orden de aprehensión, ni se acreditó flagrancia o caso urgente”.
En su origen, este asunto estalló por la actuación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, que detuvieron de forma presuntamente ilegal a los seis jóvenes; sin embargo, sucedió una cadena de errores tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial, lo que motivó la crítica del senador Monreal.
Al final, ha trascendido que con relación a la recomendación de la CNDH, procederán contra dos fiscales y siete elementos de la SSP. Sin embargo, en su recomendación, el ente garante de los derechos humanos también planteó la necesidad de que sea derogado el numeral 331 del Código Penal para el estado (que se refiere al delito ultrajes a la autoridad), a fin de prevenir nuevos abusos y violaciones a los derechos humanos, por lo que dicho asunto deberá ser retomado por el Congreso local.
@luisromero85
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