La región de Norteamérica se ha caracterizado por políticas contradictorias que han seguido México, Estados Unidos y Canadá en las últimas décadas, además de los bandazos provocados por los cambios de gobierno.
Canadá se ha destacado por su participación en el Grupo Paraguas, también conocido como las cajas de jugo “JUSCANZ” por las siglas de los países desarrollados que lo conforman, (Japan, United States, Canada, Australia and New Zealand) el cual destaca por su tendencia a evitar compromisos más ambiciosos de mitigación y financiamiento a la adaptación en países pobres.
Estados Unidos, por su parte, nunca ratificó el Protocolo de Kyoto y durante la presidencia de Trump decidieron abandonar el Acuerdo de París.
En el caso de México, aunque décadas atrás se posicionó como un país innovador en cuestión de políticas medioambientales, un país con una importante riqueza en recursos naturales y ecosistemas diversos, hoy tiene un largo camino de frente por recorrer y con muchos retos por enfrentar. Más aún, existen políticas públicas que promueven la deforestación, como lo son los subsidios gubernamentales para el desarrollo de actividades pecuarias, frutícolas o energéticas en áreas con vocación forestal.
Por ello, ahora más que nunca, la existencia de una política ambiental clara y congruente es fundamental para dirigir de manera exitosa las acciones de gestión y conservación de los recursos naturales.
La creación y aplicación de leyes claras y contundentes, enfocadas al cuidado del planeta, es fundamental para utilizar los recursos naturales sin que implique poner en peligro los ecosistemas. La mayor parte de sus habitantes saben que todos dependemos de un planeta en el cual se pueda vivir, las acciones para cuidarlo constantemente se han visto minimizadas e ignoradas, dando prioridad a los temas económicos sobre los medioambientales.
Mientras no haya compromisos de mitigación más ambiciosos entre los tres países, una agenda de descarbonización de la economía y la sustitución de hidrocarburos por fuentes renovables, la agenda climática regional será poco efectiva y poco más que acuerdos de papel.
El segundo problema es que se requiere la definición de objetivos de adaptación y transformación sostenible comunes y que además tengan un impacto transformador en América Central.
El tercer problema inmediato consiste en que una agenda de acciones ante el cambio climático no puede separarse de la protección del medio ambiente, de la contención de la destrucción de biodiversidad y degradación de ecosistemas.
Finalmente, la protección ante el cambio climático y en general del medio ambiente, necesariamente pasan por una discusión regional sobre el impacto de prácticas extractivas y megaproyectos de desarrollo, lo cual involucra poner el centro los derechos de pequeñas comunidades y pueblos indígenas.
Habrá que ver si la agenda climática regional se traduce en acciones relevantes medibles, verificables y reportables o si todo queda en gesto de relaciones públicas para aderezar los temas realmente centrales de la Cumbre.
#CambiaUnaAcciónCambiaTodo.
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