Los refugios para mujeres víctimas de violencia

El pasado 28 de octubre, el Diario Oficial de la Federación dio a conocer la firma del Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y el Instituto Veracruzano de las Mujeres. 

Ese convenio implica “el otorgamiento de subsidio para el proyecto denominado R-2022/052, referente al Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos, para el ejercicio fiscal 2022.

El documento fue firmado por la titular de la Conavim, María Fabiola Alanís Sámano; y, por parte de la instancia estatal, por el Secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco; y la encargada de despacho del IVM, María del Rocío Villafuerte Martínez. 

El actual gobierno veracruzano está por cumplir 4 años; en ese lapso no se ha nombrado titular del IVM; el organismo sólo opera con una encargada de despacho, quien no ha sido ratificada en el cargo.

El IVM obtuvo, gracias al convenio con Segob, recursos para el proyecto que tiene como finalidad “brindar protección y atención integral y especializada, a mujeres víctimas de violencia de género, y en su caso, a sus hijas e hijos…”

Dispondrá de 3 millones 652 mil pesos en dos ministraciones; la primera, por 2 millones 191 mil pesos, que Segob deberá depositar en un plazo de 30 días hábiles después de la firma del convenio; y la segunda, por un millón 461 mil pesos.

Se trata de un problema que no ha sido atendido por las tres instancias de gobierno: en Veracruz sólo opera un refugio gubernamental para mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas; se encuentra en Xalapa; ahí se brinda atención, alimentos, alojamiento, asesoría jurídica, atención médica y psicológica. El problema es que es un albergue para la población de los 212 municipios de la entidad; insuficiente desde cualquier punto de vista.

Adicionalmente, agrupaciones y colectivos civiles y activistas por los derechos de las mujeres se han organizado para realizar dicho trabajo; esos esfuerzos, como los que se realizan en Coatzacoalcos y en Orizaba complementan una labor que los gobiernos federal, estatal y municipales han sido incapaces de realizar.

El colectivo feminista Cihuatlahtolli operaba un refugio en Orizaba; para ese trabajo recibía dinero público, cuya llegada se interrumpió con el actual gobierno federal; posteriormente, con recursos propios y con un trabajo incansable, la citada organización siguió prestando servicio a las mujeres víctimas de violencia, hasta que terminó por cerrar sus puertas por falta de apoyo. 

El colectivo está vigente y sus integrantes mantienen viva su lucha; pero el refugio, ante la falta de recursos, fue cerrado este año debido a los recortes del gobierno federal.

Lo mismo pasó en Coatzacoalcos: un refugio que llegó a ser considerado como ejemplo en su funcionamiento terminó por cerrar sus puertas debido a la suspensión en el flujo del dinero público.

Lamentable, porque en esos lugares se atendía lo mismo a mujeres víctimas de violencia doméstica que, incluso, a quienes sufrían por el infierno de la trata.

@luisromero85