Gobierno bajo sospecha




Hace poco más de un mes, el jueves 15 de octubre, el exdiputado federal y exalcalde priista de Santiago Tuxtla, Nemesio Domínguez, fue secuestrado y liberado dos días después por sus captores.

El exdirector del DIF estatal, según había trascendido, pretendía contender en la próxima elección. Obviamente, después de esta traumática experiencia, Nemesio ya declinó.

El jueves 22 de octubre, en el diario El Universal, el Secretario General del Movimiento Antorchista, Aquiles Córdova Morán, publicó un amplio artículo titulado “Un secuestro sui generis”, en el que cuestionó otro caso de cuatro militantes de Antorcha Campesina que dos semanas antes habían sido secuestrados por supuestos miembros de la delincuencia organizada en el puerto de Veracruz.

Córdova relató: “El día 12, el gobernador Cuitláhuac García, en compañía del Secretario de Gobierno y de la Fiscal General, declaró a los medios que el plagio de los antorchistas estaba relacionado con el contrabando de cigarrillos. No precisó cómo ni con qué grado de responsabilidad. Nunca antes, ni durante los tres días que duró el secuestro, dijo algo parecido. ¿Por qué? Se supone que eso solo lo sabían los secuestradores. ¿Se lo dijeron ellos? ¿Es que ya los tiene en su poder y no lo ha informado a la opinión pública? Los dirigentes de Veracruz están convencidos de que se trató de la típica ‘cura en salud’.”

Y señaló que “entre el momento en que los secuestrados fueron abandonados en un camino vecinal de Cotaxtla, Veracruz, atados y vendados dentro de una de sus camionetas, y la llegada de la policía que los ‘rescató’, no pasaron ni cinco minutos. ¿Quién les avisó tan rápido? Llegaron disparando y fingiendo que iban tras un supuesto fugitivo, y que su encuentro con los secuestrados era pura casualidad. Los sacaron de la camioneta, los liberaron de sus ataduras y les indicaron que serían llevados a la FGE, pero al escuchar la voz de uno de ellos, se estremecieron de pies a cabeza: los cuatro están seguros de que era la misma voz de uno de sus secuestradores. Por un momento creyeron que los rematarían allí mismo.”

Este miércoles se cumple una semana de la ejecución de la alcaldesa perredista de Jamapa, Florisel Ríos Delfín.

Y ayer martes fue rafagueada en Acayucan la casa del alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla, también del PRD, lo que motivó que las dirigencias nacional y estatal del partido del sol azteca exigieran al gobernador frenar la ola de violencia y las presuntas amenazas de su secretario de Gobierno, Eric Cisneros, en contra de los alcaldes perredistas.

El mandatario debería ser el más interesado en que estos actos criminales, aparentemente aislados, se esclarezcan para descartar cualquier sospecha de un aparente trasfondo político-electoral.

No le puede fallar a los veracruzanos ni al presidente López Obrador, quien el jueves pasado, al referirse al crimen de la alcaldesa de Jamapa, reiteró que Cuitláhuac era honesto. “No estoy diciendo que es un santo, que es perfecto”, matizó.



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