Doña ‘Chofi’ chafeó
Que se recuerde, en la historia reciente de Veracruz jamás se había dado un grotesco incidente como el que ocurrió este miércoles en la sede del Poder Judicial del Estado (PJE), en el que a golpes y gritos, además de la presencia intimidatoria de elementos policiacos, fueron destituidos y echados del edificio los principales funcionarios administrativos que en diciembre pasado habían llegado con la magistrada Sofía Martínez Huerta, titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura, cuyos miembros, encabezados por Humberto Oliverio Hernández Reducindo, consejero representante del Poder Legislativo, sesionaron y tomaron esta arbitraria decisión a espaldas de la presidenta.
Ni siquiera con Agustín Acosta Lagunes (1980-1986), el más apolítico de los exgobernantes veracruzanos, se dio un aberrante suceso como éste en el Poder Judicial. Tampoco en el mandato de Miguel Alemán Velasco (1998-2004), en cuya frívola administración presidió el TSJ el magistrado cordobés Raúl Aguilar Maraboto, “El Chato”, famoso por su gusto por las mujeres y el dinero.
Vamos, ni siquiera con el exgobernante panista Miguel Ángel Yunes Linares ocurrió una revuelta por la imposición de Edel Álvarez Peña como titular del Poder Judicial, pese a que seis años antes, en 2010, cuando el Congreso local avaló su magistratura propuesta por el gobernador saliente Fidel Herrera Beltrán, su par Yolanda Cecilia Castañeda descalificó públicamente al exalcalde de Coatzacoalcos al decir que “ahora ya cualquier pendejo es magistrado”.
Sin embargo Yunes, perversamente, hizo que a principios de diciembre de 2016 la magistrada Castañeda fuera la que propusiera a Álvarez Peña para la presidencia del TSJ ante los presidentes de sala que como integrantes del llamado mini pleno son los que tienen derecho a voto para elegir al titular del PJE.
Y a diferencia de Martínez Huerta –cuya designación como magistrada y presidenta del TSJ también fue públicamente cuestionada por Castañeda Palmeros, criticando que carecía de méritos y era producto de un “dedazo” desde el gobierno estatal–, el abogado y político sureño, sin ser un gran jurista, mantuvo control absoluto durante los tres años de su administración, al respetar las canonjías y privilegios que la mayoría de los magistrados había venido disfrutando al menos durante los dos sexenios anteriores: desde el pago de jugosas compensaciones hasta la asignación de plazas de jueces y puestos administrativos para sus sobrinos, amantes y recomendados, e inclusive hasta negocios particulares, como por ejemplo la concesión de cafeterías en las ciudades judiciales y tráfico de contratos y adquisiciones autorizados por el Consejo de la Judicatura.
Político hábil y sagaz, Álvarez Peña logró concluir su periodo de tres años como presidente del TSJ sin sobresaltos pese a que al inicio de su administración el gobernador Cuitláhuac García lo veía con mucho recelo y marcó cierta distancia.
En cambio a Martínez Huerta, en solo ocho meses, ya le perdieron la confianza los que de “Cenicienta” de un modesto juzgado la hicieron magistrada y titular del Poder Judicial.
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