Desaparecidos

Este domingo 30 de agosto se conmemoró en Veracruz y en otros estados del país el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

De las 73 mil 308 personas reportadas oficialmente como desaparecidas y no localizadas hasta el 1 de agosto, el 52.6 por ciento son casos sucedidos sólo en cinco entidades, entre ellas Veracruz.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), que da a conocer la Comisión Nacional Búsqueda (CNB), Tamaulipas concentra el mayor número de casos (10,810), le sigue Jalisco (10,240), Estado México (7,684), Veracruz (5,018), Sinaloa (4,846), Nuevo León (4,319) y Coahuila (3,131), que en total acumulan 47 mil 088 víctimas.

Este problema es uno de los que más se le ha complicado resolver a la administración del gobernador Cuitláhuac García.

Hace un mes, sorpresivamente, a través de las redes sociales se dio a conocer la renuncia de Martha Lidia Pérez Gumercindo, titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, de la Fiscalía General del Estado.

Su salida fue asumida como una ruptura con los Colectivos de Búsqueda. “Es cortar con lo que había y declararnos la guerra, nos están declarando las hostilidades, por ahí no va y deberían saberlo, ese no es el camino y ojalá y rectifiquen. Lo tenemos que tomar como una señal de hostilidad”, afirmó Lucía Díaz Genao, integrante del Colectivo Solecito.

De acuerdo con la información que circuló en redes sociales, Pérez Gumercindo renunció  por motivos personales.

Sin embargo, Díaz Genao consideró que la medida era un mal precedente, y no descartó que se repitieran los mismos problemas que padecieron con el exfiscal Jorge Winckler, de quien se quejó que simplemente no los escuchaba.

“Es muy mal preámbulo, un presagio ominoso de cómo van a marchar los trabajos de esta Fiscalía que en vez de tratar de acercarse a las víctimas se está alejando y se van a tropezar con las víctimas como una fuerza bastante considerable, y no será fácil que una Fiscalía nos pase por encima”, advirtió la activista.

Por su parte, Anaís Palacios, miembro del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda, lamentó el cambio, pues señaló que le metía ruido al proceso de localización de personas reportadas como desaparecidas, lo que calificó como un duro golpe para sus familias.

“Este cambio, en el contexto de la pandemia resulta doblemente golpeador porque representa que alguien que entienda o no del tema (a quien designen) asuma con responsabilidad y sin compromisos políticos, que tenga capacidad, empatía, y sobre todo que retome el trabajo en curso, que sepa liderar a un equipo y que sorteé las condiciones actuales de Fiscalía”, posteó en redes sociales.

Este domingo se recordó el caso de los cinco jóvenes xalapeños que hace un par de meses fueron levantados por un comando armado en un expendio de cerveza de Palo Gacho, municipio de Emiliano Zapata, sin que la Fiscalía reporte avances en sus pesquisas.