Derecho y estado: La ministra Piña y los riesgos frente al exceso de reformas constitucionales en México

En un contexto político y social caracterizado por desafíos considerables para la democracia y el estado de derecho en México, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucia Piña Hernández, ha expuesto una preocupación legítima sobre el rumbo que el país está tomando en relación con el exceso de reformas constitucionales. Sus declaraciones han resonado entre aquellos interesados en mantener y fortalecer los principios democráticos que sostienen nuestra sociedad.

La Constitución de un país es un documento prácticamente sagrado, que conforma el marco legal fundamental. Sin embargo, cuando esta base se somete a cambios excesivos o precipitados, se corre el riesgo de debilitar la estructura que busca proteger. Este es precisamente el punto que ha señalado la ministra presidenta Norma Piña, quien ha subrayado que las reformas constitucionales deben abordarse con cautela, reflexión y siempre buscando el bienestar general de la ciudadanía.

La preocupación expresada por la ministra Piña no es sin fundamentos. En México, hemos sido testigos de un número creciente de propuestas de reformas que amenazan con reconfigurar el equilibrio de poderes, un principio esencial de cualquier democracia consolidada. Si bien la evolución y adaptación son necesarias para abordar los nuevos retos que enfrenta una nación, dichas reformas deben implementarse con una profunda comprensión de sus impactos a largo plazo, preservando siempre los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Además, al modificar constantemente la Constitución, se dificulta su función como un documento que debería ser estable y predecible. Esto puede generar incertidumbre jurídica, desalentando tanto la inversión nacional como extranjera, y debilitando la confianza que los ciudadanos depositan en las instituciones del Estado. La estabilidad constitucional es un pilar que sostiene la confianza social y económica de un país, y su erosión puede tener consecuencias significativas.

En sus declaraciones, la ministra presidenta Piña ha insistido en que cualquier modificación al texto constitucional debe estar sustentada en un debate amplio, inclusivo y, sobre todo, bien informado. Para proteger el estado de derecho, cada propuesta de reforma debe ser evaluada rigurosamente, asegurando que no se ponga en peligro la fortaleza democrática del país. El equilibrio de poderes, los derechos humanos y la independencia judicial deben ser las líneas rojas que, bajo ninguna circunstancia, deben vulnerarse.

Es imperativo que los ciudadanos, académicos, legisladores y demás actores políticos se mantengan vigilantes y comprometidos en la defensa de los principios que garantizan una gobernanza justa y equitativa. La voz de la ministra presidenta Norma Piña es una llamada de atención oportuna que nos invita a reflexionar sobre el México que deseamos construir. Un México donde la Constitución sea un pilar de estabilidad y no una herramienta de conveniencia política.

En conclusión, el llamado de la ministra Piña es también una invitación a participar activamente en el diálogo democrático, a entender que la protección del estado de derecho es responsabilidad de todos, y a valorar nuestra Constitución como el documento vital que es para asegurar que la democracia mexicana no solo persista, sino que prospere.