CUITLÁHUAC DEBE ‘BLINDARSE’

A menos de 22 meses de que concluya su administración, no se ve que el gobernador Cuitláhuac García vaya a realizar ajustes en su gabinete ante los escándalos de corrupción que han venido aflorando desde finales del año pasado y que seguramente la oposición buscará capitalizar políticamente en las elecciones locales y federales de 2024.

Y es que ante la guerra electoral que se aproxima, lo más prudente sería que el mandatario veracruzano se blindara, porque todo apunta que las baterías de sus adversarios se enfocarán principalmente en contra de la bandera de la honestidad que enarbola el líder moral de la 4T, el presidente López Obrador. 

En Campeche, por ejemplo, la gobernadora Layda Sansores, otra aliada incondicional de Claudia Sheinbaum, la presidenciable Jefa de Gobierno de la CDMX a la que apoya también el morenista veracruzano, acaba de recibir tremenda estocada con los videos difundidos antenoche en el noticiero estelar del Canal de las Estrellas, de Televisa, donde se ven a los operadores políticos de la mandataria campechana recibir paquetes de billetes de parte de funcionarios del exgobernador Carlos Miguel Aysa González, quien en pago por traicionar al PRI en la sucesión estatal de 2021 recibió la Embajada de México en República Dominicana.   

Este martes, medios nacionales publicaron que Cuitláhuac García reconoció en conferencia de prensa que su administración investiga a Araly Rodríguez Vez, una mujer que trabaja en la Secretaría de Educación de Veracruz, donde recibe un salario de 7 mil 200 pesos mensuales como secretaria auxiliar, y que al mismo tiempo funge como representante de una empresa que ha obtenido contratos por más de 100 millones de pesos para proveer a diversas dependencias estatales, lo mismo de uniformes, que de sillas de ruedas o de aparatos auditivos.

Este tema lo ventiló el diputado y dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, desde noviembre del año pasado, durante las comparecencias de los titulares de Seguridad Pública, de Salud y la Contraloría General del Estado, pero ninguno atinó a dar respuesta oportuna y convincente. Inclusive, el capitán Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, titular de la SSP –recién señalado de adquirir una mansión de 12 millones de pesos en Boca del Río–, se le ocurrió argumentar que podría tratarse de un “homónimo”.

Por eso, cuando al mes siguiente, el miércoles 14 de diciembre, compareció García Jiménez ante el Congreso local, el legislador priista le expuso al mandatario que los jefes de las Unidades Administrativas de las diversas dependencias son quienes deberían comparecer el próximo año ante la Legislatura, porque “sus colaboradores, me queda claro, lo hacen con la mejor de las intenciones, pero en muchos de los casos y en muchas preguntas que les hicimos a muchos, les tomó por sorpresa la expresión y los datos que les presentamos”.

Y es que en el caso de la SSP, Marlon Ramírez ya se lo había anticipado desde 2021 al Jefe Administrativo, Ulises Rodríguez Landa, pero el exsecretario de Finanzas del CDE del PRI y ahora morenista, en vez de aclarar tundió a su ex correligionario en algunas columnas políticas.