Una de las grandes derrotas que ha enfrentado el gobierno federal en su combate a la delincuencia, no solo en este 2024, sino a lo largo de la última década, es el robo de combustible en el país, conocido popularmente como "huachicol".
Este delito no solo se mantiene vigente, sino que también se ha diversificado y extendido a nuevas regiones, demostrando la incapacidad estructural de Pemex y la ineficiencia de las estrategias gubernamentales para enfrentar este fenómeno.
La magnitud del problema es alarmante.
Datos de Pemex revelan que en 2024 se identificó una toma clandestina cada 49 minutos, acumulando más de ocho mil casos en los primeros nueve meses del año.
Estas cifras evidencian que, pese a los esfuerzos por erradicarlo, el huachicol persiste y se adapta, moviéndose hacia territorios donde antes no tenía presencia significativa, como Coahuila, Chihuahua y Nuevo León.
En el caso de Coahuila, por ejemplo, el aumento fue del 168 % respecto al mismo periodo de 2023, un crecimiento que refleja cómo las redes delictivas buscan mantener su rentabilidad trasladándose a nuevas áreas.
Veracruz no está exento de esta actividad; incluso algunos municipios sureños la padecen, al grado de tener que combatir con sus policías municipales a delincuentes que, en muchos casos, traen armas potencialmente más poderosas que las de los gendarmes locales.
LA RED DELICTIVA INTERNA Y EXTERNA
Uno de los aspectos más preocupantes es la sofisticación de las mafias que operan el huachicol.
Estas redes no solo funcionan desde el exterior, sino que también cuentan con colaboración desde dentro de Pemex.
Esta complicidad interna dificulta la implementación de medidas efectivas para proteger la infraestructura petrolera. Además, Pemex ha mostrado una preocupante incapacidad para adquirir e implementar tecnología moderna que permita prevenir y combatir los robos.
Según Juan José Hernández López, director del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra el huachicol fue un rotundo fracaso.
Pese a las promesas hechas en 2018 de erradicar el problema a través de mejores oportunidades laborales y salarios dignos, la realidad muestra que el huachicol no solo no desapareció, sino que se fortaleció en algunas regiones.
LA ECONOMÍA DELICTIVA Y SU IMPACTO TERRITORIAL
El huachicol no es solo un delito, es parte de una compleja economía delictiva que encuentra en el robo de combustible una fuente lucrativa de ingresos.
Cuando la presión gubernamental aumenta en una región, estas mafias simplemente se trasladan a otras áreas para continuar con sus actividades.
Este comportamiento explica cómo, a pesar de una disminución global del 10.34 % en las tomas clandestinas respecto a 2023, el delito se ha expandido hacia el norte del país.
Las cifras no mienten. Estados como Coahuila, Nuevo León y Querétaro han registrado aumentos significativos en las tomas clandestinas. Coahuila lidera esta tendencia con un incremento del 168.6 %, seguido por Nuevo León (64.7 %) y Querétaro (61.1 %).
Este desplazamiento geográfico del delito revela no solo la capacidad adaptativa de las mafias, sino también la falta de un enfoque integral para abordar las causas raíz del problema.
HIDALGO Y JALISCO: LOS BASTIONES DEL HUACHICOL
Hidalgo y Jalisco siguen siendo los estados con mayor número de tomas clandestinas, a pesar de registrar una disminución en 2024. Hidalgo encabeza la lista con 1,911 tomas clandestinas, mientras que Jalisco reportó 1,463.
Estas reducciones, aunque positivas a simple vista, no significan una victoria. Como bien señala Hernández López, el delito persiste porque las condiciones estructurales que lo favorecen —pobreza, desempleo y complicidad interna— no han sido abordadas de manera efectiva.
UNA ESTRATEGIA FALLIDA
La estrategia de López Obrador contra el huachicol fue ambiciosa en su discurso, pero insuficiente en su ejecución.
La promesa de atacar las causas estructurales del delito a través de la generación de empleo y mejores salarios no logró materializarse de manera significativa. Mientras tanto, el crimen organizado ha sabido aprovechar las necesidades económicas de la población para reclutar mano de obra y expandir sus operaciones.
La falta de coordinación interinstitucional y la ausencia de una tecnología adecuada también han sido factores clave en el fracaso de esta estrategia. Además, la dependencia de datos proporcionados por Pemex y otras instituciones gubernamentales limita la transparencia y dificulta un análisis crítico de la situación.
El gobierno actual deberá aprender de los errores del pasado y diseñar una estrategia que combine tecnología de punta, transparencia y una atención genuina al problema del huachicol.
Solo así se podrá debilitar el poder de las mafias que hoy controlan este lucrativo negocio y garantizar que Pemex, una de las empresas más importantes del país, pueda operar sin las amenazas que la han acechado durante décadas.
AL OÍDO
Quien llegó virtualmente ayer a "incendiar al rancho" fue la exdiputada federal, Tania Cruz Santos.
La actual directora de Reconocimiento de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), en un desayuno con medios de comunicación en Coatzacoalcos, aseguró que se inscribirá como precandidata de Morena para el proceso de selección de aspirante a la presidencia municipal para el 2025.
Pese a la historia reciente, donde fue eliminada del proceso aunque ganó la encuesta, sigue confiando en la "democracia" dentro del partido y del grupo político en el que se encuentra.
Afirma tener todo el derecho para participar, aunque le han comentado que en una reciente encuesta, su nombre no aparece.
Por lo pronto, la sola declaración de su participación en el próximo proceso ya generó ruido al interior de Morena.
En palabras de un jarocho, Tania vino a "echarle limón al coco rallado", así de simple.
Contáctanos: joluperezcruz@hotmail.com
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