Congreso local opaco

La Unidad para la Transformación de los Congresos (UTRAC) de Transparencia Mexicana acaba de publicar un informe preliminar en el que consigna que el 84% de los mil 739 legisladores del país, de un total de mil 741 –pues al momento del análisis solamente había dos vacantes: uno en el Senado y otro en el Congreso de Oaxaca– no publicó, testó, ocultó o reservó ilegalmente su declaración de intereses, lo que impidió conocer si participan en empresas, organizaciones sindicales o tienen clientes en el sector público o privado.

De acuerdo con este reporte, a nivel nacional no existe un solo órgano legislativo federal o estatal en el que el 100% de sus integrantes cumplan con este ordenamiento legal.

El Congreso de Aguascalientes, con 41% de sus legisladores, es el que más cumple con la declaración de intereses. Le siguen la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (33%) y el Congreso de Quintana Roo (24%).

En contrate, en 18 Poderes Legislativos –entre ellos el de Veracruz– no fue posible conocer los intereses de sus miembros, aun cuando Transparencia Mexicana revisó las cuatro plataformas habilitadas para obtener esa información: Plataforma Nacional de Transparencia, Plataforma Digital Nacional, el sitio oficial de cada Congreso y la Plataforma Digital Estatal, en los casos que cuentan con una.

Conocer los intereses de nuestros diputados es relevante porque casualmente entre marzo de 2021 y octubre de 2022 se dio una fuerte confrontación pública entre el líder del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, y la auditora general del ORFIS, Delia González Cobos.

Primero, el diputado morenista acusó de corrupción a los auditores del órgano fiscalizador que revisan las cuentas públicas de los ayuntamientos, pero el 7 de septiembre de 2021 Gómez Cazarín afirmó: “Desafortunadamente abajo hay empleados que te puedo decir que tienen un sueldo de 20 mil pesos y tú los ves con carros de medio millón de pesos, de 600 mil pesos. ¡Es imposible!”.

La auditora general negó tajantemente que existieran prácticas deliberadas de corrupción en el ORFIS.

La confrontación escaló al difundirse un audio en el que presuntamente se escucha al diputado amenazar con una auditoría a la alcaldesa de San Andrés Tuxtla, María Elena Solana Calzada, por supuestamente no darle obras a sus constructoras.

Gómez Cazarín negó su autenticidad. “Por mucho que quieran imitar mi voz, no les va a dar, y si les da miedo que se les estén supervisando bien las cuentas, como debe de ser, no nos vamos a parar. Como ya lo dije, no somos tapadera de nadie y de parte de Juan Javier Gómez Cazarín no se va a votar a favor de la Cuenta Pública con la que hay mucho malestar del pueblo”, dijo.

Y, en efecto, a mediados de octubre pasado, la Comisión de Vigilancia del Congreso local determinó que no era procedente la aprobación de la Cuenta Pública del 2021, argumentando que no había elementos suficientes para avalar la revisión que hizo el ORFIS, que en total reportó un presunto daño patrimonial de casi 3 mil 300 millones de pesos.

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