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Conexión Segalmex-Venezuela

Columna: Al pie de la letra



Casi a la par de la salida de Ignacio Ovalle Fernández de la empresa estatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), anteayer trascendió también que el gobierno de México había disuelto una unidad antinarcóticos de élite que durante 25 años trabajó coordinadamente con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en el combate al crimen organizado, lo que se consideró un duro golpe a la cooperación bilateral en materia de seguridad nacional.

El cambio de Ovalle a la coordinación del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), adscrito a la Secretaría de Gobernación, generó más suspicacias porque fue sustituido en Segalmex por Leonel Cota Montaño, quien se desempeñaba como secretario técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La designación de Cota, más que por la indagatoria de la Secretaría de la Función Pública de una red de corrupción dentro de Segalmex –en cuyas empresas Diconsa y Liconsa la Auditoría Superior de la Federación detectó tan sólo en la Cuenta Pública 2020 posibles irregularidades por 8 mil 600 millones de pesos–, parecería haberla propiciado otra investigación mucho más grave que se lleva fuera de México.

A mediados de febrero pasado, en Miami, Florida, la DEA y el FBI desclasificaron documentos judiciales sobre el caso de Alex Saab, un empresario multimillonario de origen colombiano que el gobierno de Estados Unidos considera el principal testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, bajo cuya protección hizo jugosos negocios que se basaban en un esquema que intercambiaba petróleo venezolano por alimentos producidos en México y se disfrazaron como acuerdos de ayuda humanitaria.

En esta trama se involucró casualmente a Segalmex que dirigía Ovalle Fernández, quien como director del Instituto Nacional Indigenista (INI), entre 1976 y 1982, fue el primer jefe de Andrés Manuel López Obrador.

Noticias Caracol, de Colombia, reveló el 25 de octubre de 2021 que el FBI realizaba una investigación sobre las despensas alimenticias que una empresa de Saab importaba de México para beneficiar a más de 5 millones de familias venezolanas.

El reportaje señalaba que los CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción), creados en abril de 2016 y administrados por algunos militares jubilados adeptos al régimen de Maduro que son señalados por sus nexos con el narcotráfico y tráfico de combustible, eran usados para enviar cargamentos de cocaína de Venezuela a México y blanquear sus ganancias ilegales; que aeronaves adscritas a la Aviación Militar Bolivariana partían de la Base Aérea de La Carlota, en Venezuela, rumbo a Veracruz, donde la carga de cocaína era descargada y reemplazada por las cajas con alimentos en mal estado o caducados, y que luego estos mismos aviones aterrizaban de vuelta en Puerto Cabello y La Guaira, en territorio venezolano.

Los investigadores encontraron también empresas en México que fueron suplantadas como supuestas proveedoras de toneladas de leche en polvo, que en realidad nunca se negociaron con Venezuela.

En noviembre pasado, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad descubrió que Saab movió 64 millones de dólares en víveres a través de empresas fantasma, paraísos fiscales y compañías mexicanas.


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