Cazarín: Abogados chafas

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura local, Juan Javier Gómez Cazarín, todavía se paladeaba el golpe asestado a la titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Sofía Martínez Huerta, fraguado por uno de sus testaferros incrustado en el Consejo de la Judicatura que le arrebató a la magistrada las principales posiciones administrativas del Poder Judicial, cuando este viernes 17 recibió de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una sentencia adversa sobre el polémico caso de la revocación de mandato del ex alcalde de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez, que no sólo exhibe jurídicamente al Poder Legislativo que representa el diputado sureño de Morena sino también a sus ex abogados Humberto Oliverio Hernández Reducindo y José Alfredo Corona Lizárraga que, pese a sus evidentes yerros, fueron premiados con nuevos cargos en el TSJE y en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), respectivamente.

Y es que Hernández Reducindo, actual representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura y quien hasta marzo pasado se venía desempeñando como director Jurídico del Congreso local, fue uno de los artífices del proceso de desafuero del ex alcalde panista destituido por una denuncia penal de peculado y desvío de recursos públicos cuyo expediente le integró al vapor Corona Lizárraga valiéndose del testimonio de la ex tesorera María Nely Alarcón Gil, a la que el ex munícipe había denunciado primero por una presunta malversación de 22 millones de pesos, aproximadamente.

Corona, como ya se sabe, saltó en octubre pasado de la Secretaría Técnica de la Secretaría General de la LXV Legislatura a la Fiscalía Anticorrupción, en la que sustituyó al destituido abogado yunista Marcos Even Torres Zamudio. Ahí estuvo como encargado hasta finales de mayo de este año, en que fue designado por el Congreso local consejero del IVAI.

Tanto Hernández Reducindo como Corona presumen sendos doctorados en Derecho, uno por la Universidad de Xalapa y el segundo por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana.

Este viernes, sin embargo, los magistrados de la Sala Regional del TEPJF, con sede en Xalapa, resolvieron por unanimidad que el Congreso debe llamar al Presidente Municipal propietario (José Paulino Domínguez Sánchez) para que “reasuma el cargo para el que fue electo democráticamente, en virtud de los efectos de la suspensión dada dentro de la Controversia Constitucional 17/2020”, y que “sólo en caso de que esto no sea posible o el propietario no acuda, deberá llamar al ciudadano José Alfredo López Carreto, como suplente, para que asuma el cargo hasta en tanto la Suprema Corte resuelva en definitiva la controversia constitucional.”

Por lo tanto, confirmó “la invalidez jurídica del acta de Cabildo de 12 de marzo porque carece de asidero jurídico, constitucional y legal”, ya que en lugar de llamar al suplente de  Domínguez Sánchez le dieron posesión al regidor Eduardo Carranza Barradas como alcalde “interino”, una figura legalmente inexistente.