En junio de 2021, Néstor Sosa Peña cobró notoriedad porque fue uno de los pocos candidatos priistas que lograron ganar las elecciones en apenas 22 de los 212 municipios del estado. Además, a sus 26 años de edad, se perfilaba como el alcalde más joven de Veracruz.
Impuso como lema de su administración municipal “Hagámoslo diferente”, pero en menos de un año fue exhibido que era más de lo mismo.
El 12 de octubre de 2022, la síndica única Arlette Trinidad Chávez lo denunció ante el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV) por violencia política de género. Acusó actos y omisiones por parte del munícipe que obstaculizaban el ejercicio de su cargo.
“Por esta razón y considerando los innumerables actos de discriminación, violencia física, verbal y psicológica de los que he sido víctima durante meses, es que decido alzar la voz, porque antes de ser servidora pública soy mujer y, como tal, exijo reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos mis derechos, así como de las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos”, argumentó.
Con número de expediente TEV-JDC-571/2022, el 13 de octubre de 2022, por unanimidad de votos, las Magistradas y el Magistrado integrantes del TEEV declararon procedentes las medidas de protección a favor de la síndica, ordenando y vinculando a las autoridades del Estado de Veracruz con la finalidad de salvaguardar sus derechos políticos electorales y proteger su integridad física.
Con este antecedente a cuestas, al año siguiente, en diciembre de 2023, Sosa Peña fue uno de los 800 priistas que renunciaron al partido tricolor encabezados por la diputada Anilú Ingram, quien paradójicamente desde el Congreso local había estado impulsando iniciativas de ley para erradicar la violencia en contra de las mujeres veracruzanas.
Y ahora ambos se han sumado a la candidatura de la morenista Rocío Nahle, quien en su campaña por la gubernatura se viene quejando casualmente de ser víctima también de violencia política por las denuncias que sus adversarios han venido desplegando en las redes sociales y medios de comunicación por su presunto enriquecimiento inexplicable durante su desempeño como secretaria de Energía en el presente sexenio.
En su carta de renuncia entregada el 19 de diciembre pasado al Comité Directivo Estatal del partido que lo llevó al poder, el edil del municipio del norte del estado resaltó que “me voy del PRI porque para seguir construyendo un mejor Chontla, un mejor Veracruz y un gran país, se necesita una oferta política sin simulación y sin decisiones cupulares de las que hemos sido víctima los propios servidores públicos emanados del partido”.
Sin embargo, tal parece que algunos vicios del priismo no los ha podido superar, pues la semana anterior se difundió en redes sociales un video en el que se observan a policías municipales descargar en una super bodega miles de despensas que bajan de un camión materialista, las cuales se presume que el edil neomorenista utilizará para la “compra del voto” a favor de los candidatos de su nuevo partido.
Además, sus malquerientes deducen que el alcalde de Chontla seguramente no teme ser sancionado por la autoridad electoral, pues coincidentemente su hermana Lud Irene Sosa Peña preside el Consejo Distrital 02 del OPLE, con sede en Tantoyuca.
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