¿A qué le temen? ¿Por qué los espiaron?
Al menos dos de los personajes más cercanos al Presidente Andrés Manuel López Obrador sobresalen en la lista de unos 50 colaboradores que fueron blanco de espionaje del conocido programa Pegasus.
Si bien esto ocurrió en el 2021, fue revelado apenas este lunes por el influyente periódico The New York Times, y donde destacó que dos altos funcionarios fueron parte de esa indagatoria, y de lo que el medio aportó diversos detalles.
Entre los funcionarios destacan el subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas Rodríguez, y la secretaria de Energía, Rocío Nahle García.
En el primer caso, Encinas, seguramente fue un blanco importante porque además de los Derechos Humanos, el funcionario lleva a cuestas la estabilidad basada en los temas religiosos. Es también el responsable del área y otro tema sensible que seguramente pudo interesar en demasía a quienes contrataron dicho programa, es el de los periodistas.
De Encinas depende el Mecanismo de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y es que tomando en cuenta el incremento en los asesinatos, y la relación tensa con algunos de los medios, se ha podido despertar un interés particular por realizar este tipo de espionaje.
El caso de la secretaria Rocío Nahle llama más la atención. ¿Cuáles pudieran ser las razones para ponerle lupa de forma ilegal a sus funciones o hasta incluso a sus actividades personales?
Y es que entonces, Nahle traía prácticamente el tema de la refinería Dos Bocas a todo lo que da. Otro tema delicado y punzante entonces, con serio riesgo para los intereses de potentados y los grupos del poder que se han apoderado de muchas áreas de la economía del país, era el de la reforma energética.
Fue precisamente en esas fechas, particularmente en octubre del 2021, cuando la funcionaria le concedió una entrevista al también influyente medio internacional, El País, y en donde lanzó duros mensajes:
“No nos va a venir nadie de fuera a decir si la reforma energética está bien o mal”.
Y en otra parte de la charla, respondería al entrevistador:
“Yo soy una mujer nacionalista, antes de pensar en una ideología, pienso en qué es lo que le conviene a México, y esto es lo mejor para el país. La seguridad energética es vinculante con la seguridad nacional, nosotros somos Gobierno y el Gobierno está para satisfacer las necesidades de suministro básico de todos los mexicanos. Nosotros no somos una empresa, somos un Gobierno. El Estado se ha retomado bajo la presidencia de López Obrador, porque durante muchos años estaba a los vaivenes de grupos de interés”.
En dicha entrevista se dio a conocer la postura de la secretaria y exponía la línea emanada de la Presidencia hacia el gobierno federal, así que pudo también con ello, despertar el interés de emprender el monitoreo en su contra.
Si en el proceso de dicho espionaje a Nahle se le hubieran encontrado algo, de lo que tanto se señala, entonces ya hubieran salido a la luz diversos escándalos.
Se demuestra pues que lejos de ello en medio del tránsito de la información lo que se hubiera podido obtener del rastreo a las comunicaciones de la diputada federal y senadora por Veracruz, no sirvió para los interesados en querer exhibirla o a detractores. El camino pues, está limpio, por así decirlo.
Entonces, además de ellos fueron espiados, según la investigación de The New York Times, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del presidente, Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas del Desarrollo, Julio Sherer Ibarra, asesor jurídico de la Presidencia de la República, Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Alfonso Romo, exjefe de oficina de Presidencia. Alguno de ellos ya relevados de sus cargos.
Los datos de los funcionarios aparecen en documentos de más de 50 mil números de teléfonos, 15 mil de ellos de México, que desde 2016, presuntamente han sido seleccionados como pertenecientes a personas de interés por clientes gubernamentales de NSO Group, revela el artículo periodístico.
MUY EN CORTO
OBRA DE 400 MILLONES PARADA. A pesar de los 400 millones de pesos que se destinaron como inversión para el derrumbe y reconstrucción del estadio Luis Pirata Fuente, a la fecha parece que la obra quedó estancada y el movimiento que inicialmente se veía en los trabajos es casi nulo en las últimas semanas.
A esto hay que añadirle el impacto de deterioro ambiental de la obra, el perjuicio a los vecinos y la obra estancada, aún cuando comenzó con bombos y platillos y hasta de noche se trabaja tiempos extras, con pésimas salarios para los trabajadores.
¿Qué secretario estatal de la 4T protege amplia y fervientemente a este empresario y a dichas empresas constructoras?
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