Ciudad de México | 2021-01-10 | Luis Ferrer
(EXCLUSIVA) El Gobierno de Enrique Peña Nieto blindó contra toda divulgación pública cualquier informe relativo a posibles nexos con el crimen de Fidel Herrera Beltrán y sus colaboradores, supuestos encuentros. No obstante, también descartó haber emitido documento alguno para exonerarlo o imputarle algún delito.
A su paso por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam dejó innumerables problemas sin resolver, una esquela de corrupción y opacidad. Entre los blindajes de información otorgados por Jesús Murillo Karam, destacó el que dio al ex mandatario veracruzano.
Aunque la prensa ha citado que, de acuerdo con el expediente AP/PGR/SDHPDSC/M8/119/2013 de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, la plana mayor de funcionarios de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa habría departido con capos en una narcofiesta en Actopan en la que desaparecieron 14 jóvenes edecanes, para el gobierno de Peña Nieto fue un tema que, legalmente, no debía hacerse público.
Murillo Karam fue ‘congruente’ en su lógica en pro de la opacidad... En 2014, ante la falta de resultados y desaseo en las indagatorias en torno a la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa a manos de policías municipales relacionados con el crimen organizado, exclamó: ‘Ya me cansé’. Poco después sería relevado en la dependencia.
Al Gobierno de Peña Nieto se le requirió vía transparencia confirmar o desmentir si en algún momento se investigó al ex gobernador de Veracruz o si no existía ningún expediente en contra de Herrera Beltrán, pues cíclicamente sus partidarios siguen usando ‘informes’ apócrifos para defender su legado en la entidad. Hasta hoy día.
La respuesta de la PGR con Peña Nieto, para leer entre líneas.
“Esta Institución se encuentra imposibilitada jurídicamente para proporcionar la información requerida (…) en caso que existiera se puede causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención y persecución de los delitos, e impartición de la justicia, más aún cuando el tipo de información requerida se encuentra relacionada con averiguaciones previas”.
Finalmente, el Gobierno de Peña Nieto, acaso previendo a futuro una filtración desde el interior de la dependencia como ocurrió con algunos medios nacionales, veladamente amagó: 'Al servidor público que quebrante la reserva de la información de la averiguación previa o proporcione copia de los documentos que contenga, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal que corresponda’.