Cárcel para los más peligrosos, rodeada de indígenas marginados y pobreza en Papantla

Papantla | 2020-06-08 | José Martín


Trepada sobre una banca de madera, la pequeña Linda de 5 años de edad interrumpe la plática de su abuela para indicarle que iría a ver si una de sus gallinas ya había puesto huevo porque se le antojó comer al mediodía.  


Bajo un tinglado de láminas y maderas, la pequeña brincaba del asiento mientras escuchaba la conversión que tenía su abuelita, quien explicaba que ocho familias viven en la incertidumbre debido a que desconocen si serán reubicados de sus terrenos de la comunidad Gildardo Muñoz, como les habían notificado porque justo enfrente de sus casas reconstruyen el Cefereso de ultra máxima seguridad.  


Han pasado varios años desde que les avisaron que serían reinstalados a un lugar más seguro porque en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número tres recluirían a los delincuentes más peligrosos del país, pero aseguraron que las autoridades no han vuelto a la localidad desde que comenzó la obra, hace dos décadas.  


Pero mientras los pobladores viven preocupados, como el caso de los abuelitos de Linda, les inquieta saber dónde irán a vivir cuando entre en operaciones el reclusorio, la niña se divierte subiendo y bajando de la banca de madera desde donde señaló a su perro “Bobby” para presentarlo como una de sus mascotas favoritas. 


De pelo corto, sin peinar, Linda vestía una blusa de tirantes de color azul y una falda negra tapizada de flores blancas.


Su abuelo Odilón Hernández lo observaba sentado desde la puerta principal de su casa, de paredes de block sin revocar, puertas y ventanas de madera, con un techo de láminas que absorbe el sofocante calor.  


La familia de Linda la conforman sus papás, el hermano mayor y un recién nacido. Las cinco personas viven a un costado del domicilio de sus abuelos. Como ello, otras siete familias, unos 40 individuos, también no saben dónde serán trasladados una vez que entre en operaciones el penal de ultra máxima seguridad.  


A los pocos minutos, su hermano mayor salió al pasillo sombreado para jugar con un triciclo con llantas muy desgastadas y los tubos de la estructura muy carcomidos por el óxido.  


Los abuelos se dedican a la siembra y cosecha de pipián, así como el maíz y frijol. Viven en la pobreza extrema como la mayoría de los habitantes de esa zona rural.   


Todo para el penal, nada para el pueblo 

 

 

De acuerdo con información oficial, en los últimos 20 años el gobierno federal ha invertido más de 3 mil 958 millones 500 mil pesos para construir y acondicionar el Cefereso en casi 30 hectáreas de terreno, el cual albergará unos dos mil internos de alta peligrosidad con delitos como robo agravado, homicidios y extorsiones, así como otros 500 delincuentes consignados por tráfico de drogas, armas, trata de personas, contrabando e integrantes de grupos criminales.  


Pero mientras la federación levanta enormes torres de vigilancia, muros extensos e instala cámaras de video vigilancia en los alrededores del reclusorio, los pobladores viven en casas de madera, techados de láminas de cartón y algunos otros han podido construir de material, pero carecen de los servicios públicos indispensables. 


El pasado 19 de marzo del 2012 el entonces Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa recorrió ese centro penitenciario; casi ocho años después, la obra sigue inconclusa pues durante varios años permaneció abandonada e incluso le extrajeron el cableado eléctrico y otros accesorios de valor.  


De acuerdo con el agente municipal de Gildardo Muñoz, Sergio Simón García, el cefereso ha tenido más inversión del gobierno que la propia localidad, donde habitan mil 500 personas, pues en los últimos años apenas les han destinado 2 millones de pesos para instalarles el drenaje, una obra que tampoco está terminada pues sólo les construyeron la primera etapa.  


El argumento del Ayuntamiento para suspender el proyecto fue la pandemia del coronavirus. No hay fecha para que reinicien con los trabajos de las descargas sanitarias.  


Sin embargo, no es la única obra que no les cumplen como pueblo pues el pasado 20 de noviembre del 2019, frente al actual Secretario, Octavio Tremari Gaya, la empresa que está a cargo de los trabajos firmó una minuta en presencia de siete agentes municipales para entregarles beneficios públicos.  


En la sala de cabildo Gabriel Martínez Álvarez, representante legal de la empresa, el cual omiten la identidad de la constructora en los documentos, se comprometió a realizar siete acciones de beneficio social en las localidades Gildardo Muñoz, Lázaro Cárdenas, El Triunfo, José María Morelos, Vista Hermosa y Jorge Serdán.  


La primera obra comprometida fue la rehabilitación de la carretera que conduce hacia el penal de ultra máxima seguridad. El oficio indica que las maniobras comenzarían entre enero y febrero del 2020.  


Pero actualmente uno de los carriles se ha derrumbado hacia el vacío, destruyendo las guarniciones y banquetas, así como la red de tuberías con las que les abastecerían de agua potable a las viviendas de la localidad Gildardo Muñoz.  

El segundo acuerdo es la rehabilitación del camino que comprende desde el entronque hasta el acceso del Centro Federal de Reinserción Social. Estos trabajos se pactaron comenzar entre agosto y noviembre de este año.  


La tercer minuta es la edificación de 300 metros lineales de barda perimetral en las escuelas del preescolar Enrique C. Rebsamen, la telesecundaria y primaria Enrique C. Rebsamen. El plazo de comienzo es de junio a septiembre de 2020.  


El cuarto acuerdo fue la instalación de antenas de telefonía celular en las seis comunidades. Los trabajos comenzarían desde diciembre del 2019 y concluirían en mayo del 20. Actualmente sólo existe una torre de telecomunicación, pero la red presenta deficiencias para los habitantes.  


El quinto beneficio fue que entre agosto y noviembre de 2020 arrancarían con la construcción de 240 metros de guarniciones y banquetas en la localidad El Triunfo. La sexta minuta fue que a partir de febrero y todo el 2020 la empresa ofrecería fuentes de empleo para los pobladores, sin embargo, en las últimas semanas, de un aproximado de 150 obreros, ya nomás laboran 50 personas, pero pocos son de la localidad. 


El acuerdo número siete y la última fue que a partir de abril y mayo del 2020 arrancarían con la edificación de un módulo de baños en la casa del campesino de la comunidad El Triunfo.   


Estos datos fueron extraídos de los documentos que firmaron el pasado 20 de noviembre del 2019, del cual el agente municipal, Sergio Simón García posee copias, pero que se opone a compartirlas con el público.  


Durante la entrevista, la autoridad auxiliar de Gildardo Muñoz reconoció que también les han incumplido con todo el proyecto del drenaje, la rehabilitación de las calles e iluminación de sus accesos.  


Éste último, el gobierno municipal les desinstaló las lámparas del alumbrado público porque no todos los habitantes aceptaron pagar el respectivo consumo de la energía eléctrica.  


En las seis zonas rurales con las que colinda el reclusorio federal las familias se dedican al cultivo de maíz, frijol, chile y pipián, aunque algunos tienen sembradíos de cítricos. Todos trabajan y dependen del campo.  


La comunidad Gildardo Muñoz se localiza a unos 11 kilómetros de la cabecera municipal de Papantla. Los hombres y las mujeres, en su mayoría, hablan el dialecto tutunakú.