México | 2022-05-19 | César Torres
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó que iniciarán la revisión de todos los procesados con más de dos años de prisión preventiva, para que se justifique la medida y en su cas sean puestos en libertad.
El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, anunció que iniciará un proceso con el Consejo de la Judicatura Federal, para lograr que exista un protocolo para jueces, con el objetivo de que tenga claridad sobre qué asuntos pueden o no dictar la prisión preventiva justificada para los reos del país.
Luego de la visita que realizó la semana pasada al penal de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, anunció cinco medidas que adoptó tras la reunión que realizó con mujeres que denunciaron diversas inconsistencias en los procesos penales.
“Promoveremos para abrir incidentes en los cuales se revise la prisión preventiva de cualquier persona que tenga más de dos años en prisión”, puntualizó Arturo Zaldívar.
Destacó que de los 550 asuntos que fueron planteados por las mujeres recluidas del penal, 200 serán atraídos por el Instituto de Defensoría Pública Federal, por ser los casos donde las mujeres no cuentan con una defensa, o no están adecuadas.
Indicó que la segunda medida será que todos los asuntos atendidos por el Instituto de Defensoría Pública Federal, se promoverá una revisión de la prisión preventiva de quienes tengan más de dos años en la cárcel.
En el tercer punto indicó que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), emitirá un acuerdo para concentrar, en dos o tres juzgados de distrito, los amparos indirectos en contra de la determinación de prisión preventiva justificada, con la idea de que se puedan establecer las reglas y los lineamientos que no son claros en la ley, es decir, de qué elementos deben tomar las y los jueces para decretar esta medida.
Como cuarta medida, El presidente de la Suprema Corte, subrayó que seguirán con el litigio estratégico del Instituto de Defensoría Pública Federal, debido a los buenos resultados y los cambios de paradigma en diversos temas.
Indicó que la quinta medida es un programa piloto en los estados de Oaxaca y Chiapas, para determinar la situación de las personas indígenas en procesos locales y de ser viable, se propondrá un convenio con los gobernadores, similar al que suscribió en la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum, para acudir en auxilio de mujeres en asunto de índole local.
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