Xalapa | 2021-09-20 | Jesús Ruiz
De las 118 carpetas de investigación que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha integrado por el delito de violación a la intimidad sexual o “pornovenganza”, solo ha logrado una sentencia; sin embargo, esta fue absolutoria.
En las indagatorias hay 26 denuncias donde están involucrados menores de edad, con víctimas que van de los siete hasta los 17 años.
Además, a la fecha solamente tiene una carpeta judicializada de acuerdo con información proporcionada por el Poder Judicial, que detalla que dicho proceso penal se encuentra radicado desde el pasado 8 de julio en el sur de la entidad.
El caso, indica el área de Transparencia, se radicó inicialmente en el extinto Juzgado Mixto de Primera Instancia en Las Choapas, que fue uno de los 29 que desaparecieron hace algunos meses.
Por ello el caso se trasladó a Coatzacoalcos, en el Juzgado de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral XXI, es decir, a varios kilómetros de donde se ubica la víctima.
El Poder Judicial evidenció que la Fiscalía no ha logrado una sola sentencia condenatoria, a pesar de los 26 casos que involucran a menores presentados desde mediados de 2019, año en que el Congreso del Estado creó el tipo penal.
En ese sentido, indicó que solamente un caso ha llegado a sentencia aunque absolutoria, correspondiente al Juzgado Especializado para Adolescentes con residencia en la congregación de Palma Sola, en Alto Lucero.
La Fiscalía indicó en la información que le fue solicitada que de las 26 víctimas menores hay un pequeño de siete años; un menor de 10, uno de 11; de 12 y 13 años hay dos casos respectivamente.
Víctimas de 14 años son seis, en tanto que las de 15 años son tres. Existen cuatro carpetas para menores de 16 años y seis para personas de 17 años.
El foco rojo de las denuncias lo ocupa Xalapa, con siete de estos 26 casos; otros municipios como Orizaba, Tuxpan, Agua Dulce, Acayucan presentan un solo caso.
Además de no lograr la judicialización de las carpetas, la FGE ha mandado cinco de las 26 a archivo temporal y en una determinó el no ejercicio de la acción penal.