Xalapa | 2020-11-10 | Jesús Ruíz
Exfuncionarios del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz que fungieron durante el periodo del magistrado presidente Edel Humberto Álvarez Peña, así como integrantes y exintegrantes del Consejo de la Judicatura, serán denunciados por irregularidades en la construcción de las ciudades judiciales.
Ello ante los resultados de las auditorías practicadas por la magistrada presidenta revocada, Sofía Martínez Huerta, en las que se detectó corrupción por parte de los encargados del proyecto al favorecer a una sola constructora de la familia Ruiz Anitúa.
El abogado Tomás Mundo Arriasa señaló que esta semana acudirá a presentar una de lo que serán varias denuncias, las cuales también abarcarán a diputados y exdiputados locales que avalaron dicho proyecto.
El abogado dijo que procederá ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntas irregularidades en la asignación de contratos para la construcción de estas ciudades y que incluso son materia de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Ocultan información
Consideró que las denuncias pueden estar relacionadas con lo que denunció en medios nacionales la magistrada presidenta depuesta del Tribunal Superior, Sofía Martínez Huerta, al señalar que su remoción del cargo se debió al interés de ocultar información sobre irregularidades por parte de su antecesor Edel Humberto Álvarez Peña, señalando que la presidenta revocada también debería actuar legalmente.
Irregularidades
Concretamente dijo que se procederá en contra de Humberto Rodríguez Losilla, administrador de las ciudades judiciales, ya que el abogado indicó que la empresa que obtuvo la licitación contrató a otras empresas que perdieron el concurso para la construcción de las ciudades judiciales.
“Sí se habla de irregularidades desde la administración de Edel Álvarez Peña, en la construcción de las ciudades judiciales; esta semana presentaremos una serie de denuncias, primero es contra Humberto Rodríguez Losilla que fue administrador de ciudades judiciales en la era de Edel Álvarez; nos vamos a ir contra el Consejo de la Judicatura, todos los que lo integraron y que actualmente están en funciones, primero con Edel y algunos que todavía siguen en funciones y tenemos una tercer instancia contra todos los que aprobaron en el Congreso”.
Añadió que Rodríguez Losilla tendrá que decir mucho en el tema de las ciudades judiciales, sobre todo si actuó solo y si recibió instrucciones de alguien.
Lorenzo Portilla sería llamado
Por su parte, el exauditor del ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, también tendrá que decir por qué avaló el tema de ciudades judiciales en cuanto a los dineros y fiscalización implementada cuando ahora saldrán a relucir diversas irregularidades.
Mundo Arriasa negó ser defensor de Martínez Huerta, pero insistió en que su remoción fue ilegal y ahora se debe revisar si la nueva magistrada presidenta, Isabel Inés Romero Cruz, realmente fue “impuesta” para proteger los intereses de Álvarez Peña, tal y como lo acusó su antecesora ante medios nacionales.
“No soy defensor de ella, lo dejo muy puntual, desde el principio dije que había sido ilegal la remoción porque para eso existen mecanismos que se debieron cumplir, se violentaron procedimientos y por eso la ilegalidad de la remoción”.
“De por sí da vergüenza la justicia en Veracruz y yo no veo en esta persona impuesta vaya a sacar adelante al Tribunal, más bien veo la intención de representar intereses de alguien, en donde lo que menos importa es aplicar justicia a los veracruzanos”, señaló.
Denuncia
Además, convocó a otros abogados a presentar denuncias o sumarse a las que él presentará, e incluso a los integrantes del Consejo de la Judicatura pues les recordó que cualquier servidor público que tenga conocimiento de esa irregularidad debe ponerlo ante la autoridad respectiva, sobre todo en el caso de Martínez Huerta quien lo ventiló únicamente en los medios informativos.
“Los nuevos consejeros empezaron a revisar pero hasta ahorita no han presentado una denuncia sobre el tema de ciudades judiciales si no caerían en el delito de omisión de presentar la denuncia”.
“La Fiscalía tendrá que investigar, todo el mundo dice que la Fiscalía no hará nada porque va a tratar de encubrir, pero yo me río porque por supuesto que tenemos la facultad para presionar a la Fiscalía para que haga su trabajo y si no quiere actuar acudiremos al juicio de amparo para obligarla y exhibirla de que están coludidos o no quiere o no sabe actuar”, dijo contundente.
El abogado consideró además que el juicio político promovido contra Martínez Huerta puede ser una “estrategia de quienes operaron desde el Congreso del estado su salida.
“Desconozco y si ella se esté defendiendo de este juicio político, le sugeriría que lo haga para que al final salga la verdad. Le auguro que tendrá éxito si se defiende correctamente porque el juicio a todas luces es ilegal y con una buena estrategia creo que puede tener éxito”, planteó el penalista.