Xalapa | 2022-02-17 | Jesús Ruíz
Al sostener que es una exigencia social posicionarse a la brevedad al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, urgió al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Mario Pardo Rebolledo, resolver las acciones de inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz.
En entrevista, Monreal retomó el caso de José Manuel del Río Virgen, exsecretario técnico del Senado y preso desde diciembre pasado.
Al respecto, reiteró que es una persona inocente “y que no tiene causa penal para estar privado de su libertad, es un asunto de carácter político”, y volvió a acusar que hay jueces de consigna en la entidad.
Debido a ello, solicitó que la Suprema Corte resuelva el control de constitucionalidad del tipo penal, al que también la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) mandó derogar al confirmar que hay abusos de parte de los elementos.
El senador recordó que en Veracruz hay mil 30 personas que están procesadas por el delito de ultrajes a la autoridad.
“Por cierto, hago un llamado al ministro Pardo que tiene en su escritorio una acción de inconstitucionalidad que presentaron la Comisión de Derechos Humanos y los diputados de la minoría.
“El ministro Pardo debe resolver de inmediato para que se libere los presos que están en este momento detenidos por ultrajes a la autoridad, que no es sino un instrumento político de persecución del gobernador de Veracruz contra gente inocente”, dijo.
Sostuvo que resolver a la brevedad las acciones de inconstitucionalidad es una exigencia social en todo el país, pero particularmente de esta entidad “donde están sufriendo familias enteras de esta calamidad y de esta actitud injusta de jueces y fiscales a modo al servicio del gobernador”.
Cabe recordar que Monreal se posicionó, el año pasado, respecto a la detención de seis jóvenes en una plaza de esta capital, quienes fueron acusados de haber intentado lesionar a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), presuntamente con armas blancas.
El caso se mediatizó gracias a videos que el propio senador colgó en sus redes sociales cuestionando el actuar de jueces y fiscales de la entidad, a quienes acusó de coludirse con el Ejecutivo para mantener a personas inocentes en las cárceles.
El desenlace del caso fue la liberación, después de tres meses, de los jóvenes gracias a un amparo que evidenció que nunca existieron pruebas de los dichos de los policías en torno a las agresiones.