Xalapa | 2020-04-21 | Imagen del Golfo
La contingencia por la propagación del virus COVID-19 deberá de marcar también, en el ámbito de la justicia, un antes y un después, aseguró el titular del Juzgado Octavo en materia Familiar de Coatzacoalcos, Arturo Christfield Lugo, quien precisó que lo apremiante no son grandes edificios o inversiones cuantiosas en inmuebles y muebles, sino en la confección de una “vía automatizada de los procesos para la administración de justicia”.
Y es que reveló que frente a la contingencia sanitaria los edificios no aportan mucho para que los ciudadanos puedan acceder a su derecho de una justicia pronta y expedita, pues ello ha paralizado en gran medida esta tarea, violentándose así sus derechos; por ello, reiteró, el quehacer de la justicia debe concentrase en el futuro, en la confección de un sistema digital que permita ante estas situaciones, que los ciudadanos no queden en estado de indefensión.
En entrevista para Imagen del Golfo precisó que “el mundo como lo concebíamos cambió totalmente a partir del pasado 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la situación de pandemia por causa de un nuevo coronavirus que ha puesto en entredicho la hegemonía de la raza humana, recordándonos la fragilidad de nuestra especie y la facilidad con la que colapsan nuestros sistemas de salud, económicos, financieros, de justicia y de gobierno”.
Actualmente, el aislamiento social ha sido la medida más efectiva para contener la pandemia responsable del caos en el que se encuentran todas las naciones del planeta, expresó, y en nuestro país la paralización oportuna de las funciones de gobierno, del sector educativo y la sensibilidad de la iniciativa privada para reducir sus actividades ha retardado favorablemente el contagio masivo de la enfermedad; “sin embargo es una realidad que esta medida preventiva no puede prolongarse indefinidamente, ya que no existen parámetros que nos permitan determinar cuánto tiempo durará esta condición de emergencia sanitaria”.
De ahí -expresó- la importancia de comenzar a explorar estrategias novedosas que reduzcan los riegos de contagio por la interacción desorganizada de las personas, pero que permitan la reanudación de las actividades de los órganos de gobierno, y sobre todo de los sectores productivos del país a efecto de evitar una crisis mayor que la de salud pública; es el caso, explicó, de los Tribunales, toda vez que la impartición de justicia como actividad esencial del Estado no debe permanecer más tiempo inerte ni estática, “ya que al margen de que nuestra Constitución Política en su Artículo 17, se garantiza a los mexicanos justicia expedida y oportuna, la realidad es que los derechos de las personas no deben ser postergados cuando existan vías y alternativas para poder hacer efectiva su necesidad de justicia”.
En este contexto consideró que si bien lo que corresponde es regularizar a la brevedad las actividades de la judicatura federal y de los estados, también es cierto que esta reactivación no debe hacerse sin la existencia de un plan o estrategia que garantice la integridad de todas las personas que intervienen en los procesos judiciales.
“Las implicaciones de la emergencia sanitaria que atravesamos y que en este momento impiden el eficaz ejercicio de la función jurisdiccional deben ser superadas con el apoyo de herramientas producto de la innovación tecnológica, como las plataformas digitales en internet, el uso de firmas y notificaciones electrónicas, así como la implementación de sistemas de videoconferencias para realizar diligencias judiciales a distancia”.
Destacó que hoy las circunstancias indican que es el momento para avanzar hacia la digitalización integral de los tribunales del país, a efecto de poder llevar a cabo procesos judiciales en forma remota con la menor interacción de personas en los recintos judiciales.
“En Veracruz ya hemos incursionado en la experiencia de los juzgados digitales, por tal razón la digitalización de todos nuestros los tribunales, o al menos de algunos de sus procesos, es una opción oportuna y pertinente para reactivar la funcionalidad de estos órganos en toda la entidad, pero sobre todo para reducir de forma importante el contagio de COVID 19 entre los sujetos que intervienen en estos procesos”.
Apuntó que hoy, irónicamente, un virus está mostrando la dirección hacia donde debe concentrarse el crecimiento de la administración de justicia; “y para ser más claro, no es en grandes edificios ni majestuosas instalaciones con amplia capacidad para recibir personas, donde debe concentrase el futuro de la eficacia judicial, sino en la confección de una ‘vía automatizada de los procesos para la administración de justicia’ como una alternativa para que los justiciables solucionen sus conflictos”.
Christfield Lugo reveló que las grandes crisis de la humanidad nunca pasan sin dejar huella en la memoria de nuestra existencia; “la presencia del COVID 19 no será la excepción, y aunque no cabe la menor duda de que saldremos avante de esta terrible experiencia es importante que la lección de la tragedia nos permita estar preparados en lo futuro respecto de escenarios que como este eran previsibles y simplemente asumimos que no pasarían”.