Xalapa | 2020-10-08 | Jesús Ruíz
El legislador del PAN, Rodrigo García Escalante, presentó una iniciativa que busca armonizar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado con lo ya establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas para sancionar actos de nepotismo.
Además, consideró que es necesario que dicha práctica se tipifique como delito en el Código Penal local dentro del catálogo de hechos de corrupción, como parte del ejercicio indebido del servicio público.
“Me motiva a lo anterior la ligereza con la que esta práctica ha sido tratada y ventilada a través de medios de comunicación y redes sociales por compañeros integrantes de esta Soberanía, que además reconocen penosa y categóricamente el hecho”.
Lo anterior en evidente alusión al legislador de Morena, Magdaleno Rosales Torres, quien declaró ante medios informativos que tenía a su hijo laborando en la nómina del Poder Legislativo como asesor, percibiendo un salario de 15 mil pesos mensuales.
Al justificar el empleo de su hijo el legislador declaró que varios de sus homólogos incurren en dicha práctica y añadió que su hijo compartía su salario con otra persona, pero informó que lo daría de baja de la nómina.
En su iniciativa, García Escalante planteó sancionar la “simulación de acto jurídico” en la Ley de Responsabilidades Administrativas, estableciendo que incurrirá en esta el servidor público que utilice personalidad jurídica distinta a la suya para obtener, en beneficio propio o de algún familiar hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad, recursos públicos en forma contraria a la ley.
“Esta falta administrativa se sancionará con inhabilitación de cinco a diez años”, propone el legislador del blanquiazul.
La propuesta añadiría en la referida ley que cometerá el delito de nepotismo el servidor público que, valiéndose de sus atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público e que ejerza sus funciones a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato.
En cuanto al Código Penal del Estado, se adicionaría una fracción al Artículo 315 estableciendo que cometerá el delito de ejercicio indebido del servicio público quien incurra en nepotismo, con una sanción de dos a siete años de prisión y multa de cincuenta a doscientas Unidades de Medida y Actualización.
García Escalante recordó que en relación al nepotismo en diciembre de 2019 dentro de las comparecencias en el Congreso del Estado, la Contraloría General informó que mantenía en investigación 17 casos de nepotismo o conflicto de intereses en la entidad, señalando que eran más, pero al enterarse de las denuncias fueron renunciando.
Al presentar su iniciativa de decreto por el que se adicionan los artículos 35 Bis y 35 Ter a la Ley de Responsabilidades Administrativas y una fracción VII al artículo 315 del Código Penal, ambos ordenamientos para el Estado, recordó que el nepotismo va en contra del discurso de la actual administración federal y del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
“El nepotismo está más vigente que nunca, la voluntad manifiesta del señor Presidente de terminar con estas prácticas y su discurso de cero corrupción en esta administración no ha sido suficiente, ya que destacados personajes de la política y servidores públicos fácilmente podrían destacar en la práctica del nepotismo”.
Recordó que en junio de 2019 el presidente López Obrador pidió a secretarios, directores y servidores públicos prohibir que miembros de su familia hicieran gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus “recomendados”; instruyendo a no permitir la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo “y ninguna de las lacras de la política del antiguo régimen”.
Agregó que bajo dicha premisa, la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis a través de la Subdirección de análisis de Política Interior de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura que transcurre, elaboró un documento denominado “prohibición de nepotismo en el servicio público”.
El documento establece que en se establece que en Veracruz, dentro del Protocolo de Actuación en Contrataciones, se hace referencia que en los formatos correspondientes se utilizarán para que los particulares formulen un manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles conflictos de intereses.