Xalapa | 2021-08-19 | Alejandro García
Con el objetivo de tener un mayor tiempo de estudio y análisis, los diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales solicitaron una prórroga para dictaminar dos iniciativas de reforma, relacionadas con la revocación de mandato y la creación de un Registro Público de Personas Sancionadas por el Poder Judicial.
Las diputadas locales Mónica Robles Barajas, Rosalinda Galindo Silva y Erika Ayala Ríos precisaron que requieren de un poco más de tiempo para dictaminar la iniciativa de reforma a la Constitución Política de Veracruz para incluir la figura de revocación de mandato, presentada por el grupo legislativo de Morena.
En dicha iniciativa se plantea la posibilidad de que el titular del Poder Ejecutivo sea sometido a una elección de revocación de mandato.
Se precisó que, en caso de aprobarse, no aplicará al actual gobernador Cuitláhuac García Jiménez, debido a que la revocación de mandato solo se podrá realizar en una sola ocasión durante el periodo constitucional, y será durante el mes anterior a la conclusión del tercer año de ejercicio constitucional.
Además, la ciudadanía con derecho para votar en un proceso electoral local que esté interesada en promover la revocación del mandato, podrá comenzar a reunir una cantidad mínima equivalente al 10 por ciento de las personas inscritas en el Padrón Electoral, de cuando menos la mitad más uno de los municipios, a efecto de presentar al Organismo Público Local Electoral durante los tres meses subsiguientes sus respectivas intenciones para la celebración de dicho proceso, debiendo éste calificar de forma integral el cumplimiento de dicho requisito.
La otra iniciativa que quedará pendiente de dictaminación es la creación del Registro Público de Personas Sancionadas del Poder Judicial.
Dicha propuesta plantea una reforma al Artículo 173 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y propone que una vez que los procedimientos hayan causado estado, los servidores públicos sancionados se inscribirán en un registro de personas sancionadas por actos contrarios al correcto desempeño de la función judicial o por hechos de corrupción, el cual será visible en la página de internet del Poder Judicial del Estado.